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Cofece, dispuesta a colaborar para definir legislación secundaria en competencia

Ante su próxima desaparición, el órgano antimonopolios se puso a disposición para colaborar en la preparación de las normas que darán lugar a la autoridad que la remplazará, con la idea de que mantenga herramientas para un combate eficaz contra los monopolios.

Foto EE: Hugo Salazar

Foto EE:Hugo Salazar

Tras la inminente consumación de la reforma constitucional que dará pie a su desaparición, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) expresó que buscará colaborar con el Congreso de la Unión en la definición de la nueva legislación que dará origen al nuevo órgano de competencia del país, que ya no tendrá autonomía constitucional.

“La Cofece reitera su disposición a colaborar con el Congreso de la Unión en la definición de la legislación secundaria, con el fin de garantizar que la autoridad de competencia tenga herramientas suficientes para combatir eficazmente las prácticas anticompetitivas y, a su vez, cuente con procesos sólidos, claros y transparentes para que las y los mexicanos tengan acceso a más y mejores bienes y servicios”, dijo la Cofece.

En un comunicado emitido horas después de que la tarde de este jueves el Senado completara el trámite legislativo en el Congreso federal del proyecto de decreto de reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, el órgano antimonopolios se dijo respetuosa de la voluntad del Congreso de reformar el marco constitucional en materia de competencia.

Sin embargo, además de su interés por la definición de las leyes secundarias, el órgano antimonopolios listó algunas puntualizaciones en torno al rediseño del marco institucional en materia de competencia económica.

Primero, dijo que, al margen de las alternativas debatidas “lo fundamental es garantizar mecanismos para conservar una política de competencia económica fuerte que continúe generando beneficios tangibles para las y los mexicanos”.

Luego, recordó que, si bien la reforma aprobada elimina la autonomía constitucional, “preserva la existencia de una autoridad de competencia con independencia técnica y operativa respecto a sus decisiones, organización y funcionamiento, y con personalidad jurídica y patrimonio propio. Todas ellas condiciones indispensables de una política de competencia robusta”.

Finalmente, aseveró que “en tanto entre en vigor la reforma en su totalidad, la Cofece seguirá haciendo uso máximo de sus facultades. Investigará y sancionará a quienes violen la ley dañando a la población, impulsará acciones colectivas y continuará promoviendo la competencia para que se generen beneficios tangibles a la población”.

El dictamen aprobado este jueves por el pleno del Senado, prevé la desaparición de siete organismos autónomos, entre ellos la Cofece y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuyas funciones serán concentradas, en su mayoría, por dependencias de la administración pública federal.

Sin embargo, en materia de competencia, el artículo Décimo transitorio del dictamen establece que “La autoridad en materia de libre competencia y concurrencia contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, estará dotada de independencia técnica y operativa en sus decisiones, organización y funcionamiento, y se garantizará la separación entre la autoridad que investiga y la que resuelve los procedimientos”.

Esto implica que la Cofece será remplazada por una nueva autoridad técnicamente independiente, aunque adscrita a la Secretaría de Economía.

El dictamen también contempla que la nueva autoridad de competencia se hará cargo de velar por la libre competencia y concurrencia en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión, además de la regulación asimétrica de los participantes de este sector, funciones que hoy recaen en el IFT.

De acuerdo con el dictamen legislativo, la desaparición de la Cofece y del IFT se consumará 180 días contados a partir de la entrada en vigor de la legislación secundaria de la reforma.

En las próximas horas se prevé que la minuta en materia de simplificación orgánica sea aprobada por al menos 17 congresos estatales, para así concluir el trámite legislativo de la reforma, quedando pendiente la firma del decreto por el Ejecutivo y su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

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Editor de Empresas y Negocios en El Economista

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