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Ordenan en Chile repetir votación sobre Dominga
La empresa Andes Iron, titular del proyecto minero-portuario Dominga, valoró la reciente resolución del Primer Tribunal Ambiental (1TA), que ordenó al Comité de Ministros realizar una nueva resolución sobre la iniciativa en un plazo de 10 días, tras determinar que la instancia abordó materias que excedieron lo dispuesto en la sentencia de diciembre del mismo tribunal.

El Comité de Ministros deberá realizar una nueva resolución sobre el proyecto minero Dominga en un plazo de 10 días.
La empresa Andes Iron, titular del proyecto minero-portuario Dominga, valoró la reciente resolución del Primer Tribunal Ambiental (1TA), que ordenó al Comité de Ministros realizar una nueva resolución sobre la iniciativa en un plazo de 10 días, tras determinar que la instancia abordó materias que excedieron lo dispuesto en la sentencia de diciembre del mismo tribunal.
En un comunicado, la firma ligada a la familia Délano, manifestó su "esperanza" en que, "en esta ocasión, se cumpla con lo instruido por la justicia ambiental y, finalmente, se reconozca que la discusión técnica sobre nuestro proyecto está concluida, ya que este cumple cabalmente con la normativa medio ambiental".
A juicio de la compañía, el fallo del 1TA "demuestra un actuar inédito y grave de parte del Comité de Ministros, al negarse a acatar fallos judiciales". En su escrito de 90 páginas, el tribunal expone que las dos causales que llevaron al Comité a rechazar la iniciativa de 2,500 millones de dólares por tercera vez "constituyen un incumplimiento a la sentencia dictada en esta causa, en tanto se refiere a materias que no fueron objeto de control”.
"Solicitamos finalizar el espiral interminable de resquicios para poner trabas ilegítimas a la puesta en marcha del Proyecto Dominga, situación que representa una mala práctica que desprestigia a nuestra institucionalidad y genera la postergación de inversiones sostenibles claves para la Región de Coquimbo", agregó la empresa.
Dado que la sentencia del 1TA restablece la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto, la empresa aseguró que, en el intertanto, "procederá a retomar la tramitación de los permisos sectoriales necesarios para poder iniciar su construcción". El fallo del 1TA deja abierta la posibilidad de imponer medidas coercitivas si el Comité de Ministros persiste en incumplir la sentencia, conforme al artículo 240 del Código de Procedimiento Civil. La iniciativa, que ingresó a tramitación hace más de una década, también fue rechazada en 2017.