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Abusos de Aguakan en Q. Roo movilizan a quitar concesión
La empresa de agua potable en Quintana Roo tuvo trato preferencial con Borge.
Cancún, QR. El movimiento en contra de Aguakan, concesionaria de agua potable en Quintana Roo, ya se extendió también al municipio Benito Juárez (Cancún). El ciudadano Julio César Hernández Jiménez logró ganar la suspensión provisional en contra de la empresa para que le reconecten a la red de suministro, luego de que le suspendió el servicio por cuatro años, violando su derecho constitucional de acceso al agua.
Cabe destacar que la empresa ocupa los primeros lugares en quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por altos cobros y cortes al suministro de agua potable.
Esquivel Cruz González, secretario de Movimientos Sociales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que trabajan ya en al menos otros 30 amparos por altos cobros y por cortes ilegales al suministro que está aplicando la empresa.
El recurso judicial también controvierte la Ley estatal de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, la cual fue reformada en el 2013 durante el gobierno de Roberto Borge Angulo para permitir a la empresa seguir cobrando una tarifa mínima al usuario incluso cuando éste haya sido desconectado de la red de suministro por falta de pago.
Ante ello, Cruz González explicó que dicha ley es inconstitucional por ir en contra del artículo cuarto de la carta magna, que establece en uno de sus apartados que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible .
La suspensión provisional, otorgada por el Juzgado Segundo de Distrito, ordena a Aguakan reconectar de inmediato al demandante, así como suspender e invalidar la emisión de recibos de consumo durante el tiempo que la empresa cortó de manera ilegal el suministro de agua potable al afectado.
A partir de este triunfo legal , el PRD anunció la puesta en marcha de una campaña para la recolección de firmas que serán entregadas al presidente municipal, Remberto Estrada Barba, y al Congreso del estado para solicitar la cancelación del título de concesión que posee Aguakan para proporcionar el suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad.
Apenas el viernes de la semana pasada, el Cabildo de Puerto Morelos aprobó por unanimidad la propuesta de la presidenta municipal, Laura Fernández Piña, para recuperar el control de la red de agua potable y alcantarillado, actualmente en manos de Aguakan, a fin de que sea la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) la encargada de suministrar el líquido.
El gobierno de la alcaldesa Fernández Piña argumenta que, si bien Puerto Morelos formó parte del municipio de Benito Juárez por muchos años, ahora Puerto Morelos es un municipio autónomo que no está obligado a refrendar un título de concesión que se otorgó en otras circunstancias y bajo un estatus administrativo distinto al que hoy tiene el nuevo municipio.
En el municipio de Solidaridad, también hay acciones concretas por parte de la alcaldesa Cristina Torres para iniciar el proceso de cancelación de la concesión.
Además, en el Congreso del estado la fracción parlamentaria del PRD asegura que la concesión se otorgó en la opacidad, sin un análisis previo del asunto y en franca violación de la autonomía y reglamentación municipal, que prohíbe la privatización o concesión del servicio de agua potable.
Un historial de aguas turbias
AguakAn es el nombre comercial de Desarrolladores Hidráulicos de Cancún (DHC), que a su vez forma parte de Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), actualmente bajo el mando de Jorge Ballesteros Zavala. El grupo incursiona en operación de puertos y carreteras, industria y concesión de agua potable en Quintana Roo.
El 1 de enero de 1994 DHC-Aguakan obtiene la concesión para otorgar los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres, bajo la supervisión de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).
El 11 de noviembre del 2014, la XIV Legislatura de Quintana Roo aprobó prorrogar anticipadamente en favor de DHC la concesión del servicio público de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los municipios de Benito Juarez e Isla Mujeres y se incorporó al municipio de Solidaridad hasta el 31 de diciembre de 2053, por una contraprestación de 1,080 millones de pesos.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha cuestionado la ampliación anticipada del título de concesión, que obedeció -dijo en 2014- al interés del gobernador Roberto Borge de tener el aval de Aguakan en la solictud de un crédito bancario, con miras al proceso electoral local del 2015.
