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Aplazan inicio de juicios orales hasta septiembre

Decisión central puso en jaque a las finanzas del estado para aplicar el nuevo sistema acusatorio.

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado (TSJ), Carlos Septién Olivares, dio a conocer que la comisión encargada de implementar la reforma penal en el estado aprobó aplazar al 1 de septiembre el inicio de los juicios orales en los municipios de Corregidora, El Marqués y Querétaro.

A pesar del retraso, pues iniciarían este mes, Septién Olivares comentó que se está realizando un esfuerzo por parte de todos los involucrados para que sea antes de que concluya este sexenio cuando se pueda implementar el nuevo sistema de justicia penal en todo el estado.

Se acordó por unanimidad que la entrada en vigor que comprende la última etapa Querétaro, Corregidora y El Marqués comenzará el 1 de septiembre del 2015. En aras de cumplir el marco legal para que su implementación sea antes del 2016 , manifestó el magistrado.

Recordó que en 15 estados ya se ha aplicado el nuevo sistema penal; Querétaro se ubica entre los primeros cinco a nivel nacional con mayor avance.

Infraestructura y personal

Septién Olivares explicó que dentro de la infraestructura necesaria, está un inmueble donado por el Poder Ejecutivo en San José el Alto.

El Poder Ejecutivo ha dispuesto un inmueble en San José el Alto para las oficinas que albergarán a los nuevos jueces del sistema de justicia penal; ahí se van a concentrar los jueces para los tres municipios , indicó

Agregó que de momento será la misma plantilla la que se encargará de llevar a cabo los nuevos procedimientos, por lo que se descarta la contratación de personal.

En su momento, el gobernador, José Calzada Rovirosa, reconoció que uno de los problemas que ha aplazado la implementación es la liberación de los recursos federales.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas destacó que al menos se invertirían 400 millones de pesos en infraestructura.

Ha sido un reto para nosotros, un reto financiero porque se toman decisiones centrales y la presión es para las finanzas estatales. Asumimos nuestra responsabilidad, no rehuimos de ella, pero ha sido todo un tema el poder emplear más recursos para el sistema de justicia penal acusatorio , dijo Calzada.

arlene.patino@eleconomista.mx

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