Lectura 2:00 min
Ayuntamiento de Acapulco enfrenta demanda penal
El municipio se retrasó en los pagos de un préstamo para créditos de nómina.
La sofom Crediamigo emprendió acciones penales contra el ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, encabezado por Luis Walton, debido a un adeudo que tiene con la empresa por créditos de nómina que se otorgaron a trabajadores del municipio desde el 2012, por un monto de 4 millones 400,000 pesos.
En entrevista, Xavier Olea, representante legal de la empresa, explicó que el acercamiento de Crediamigo con el municipio fue desde la gestión de Félix Salgado Macedonio; sin embargo, desde la entrada de Luis Walton (2012) como presidente municipal, el ayuntamiento suspendió todo tipo de pago a la sofom, aunque siguieron los descuentos a los beneficiarios de los préstamos.
El delito consiste en la retención indebida de los recursos de Finmart (propietario de Creditamigo), es decir, el municipio estaba obligado a retenerle a los empleados determinada cantidad de dinero mensualmente, lo hacía, pero no se lo entregaba a Crediamigo, aun cuando estaba obligado por contrato y cuando se lo habíamos requerido a través de notario público , informó Olea.
La denuncia que interpuso la sofom fue ante la Procuraduría General de la República (PGR), ya que- argumentó Olea- en caso de haberla presentado ante las autoridades estatales, el proceso podría ser de una forma poco transparente.
Por eso acudimos a la PGR, para buscar un poquito de igualdad de circunstancias , agregó.
Aunque no detalló el número de créditos que engloban los 4 millones de pesos, indicó que el monto promedio por cada préstamo osciló entre 10,000 y 80,000.
A BURÓ DE CRÉDITIO
Una de las consecuencias inmediatas de este problema, es que Crediamigo ya reportó a los trabajadores ante el Buró de Crédito, por lo que ya cuentan con una calificación negativa en su historial crediticio, pese a que se les descontó en tiempo y forma para liquidar su préstamo.
La administración de Luis Walton actuó de mala fe , dice el representante legal, quien prevé que el proceso dure entre seis meses y un año más.
