Chiapas, el estado más pobre del país en la última década

Chiapas ocupa el primer lugar nacional de pobreza en al menos una década. En este periodo los diferentes gobiernos estatales no lograron reducir el indicador ni siquiera 1 punto porcentual.

En la entidad alrededor de ocho de cada 10 habitantes (76.4%) son pobres, según la cifra actualizada hasta el 2018. Esta proporción es prácticamente igual a la que se registró hace 10 años, cuando 77.0% de la población chiapaneca estaba en situación de pobreza, lo que implica que durante un decenio las políticas públicas de desarrollo social no han tenido impacto significativo en el combate a dicho fenómeno.

Chiapas es la entidad que presenta mayor población en situación de pobreza extrema multidimensional y por ingresos. En Chiapas —contrario a la tendencia nacional— hay casi el mismo número de pobres moderados que de pobres extremos.

Durante el año pasado se registró que 46.7% de los habitantes se encuentra en pobreza moderada y 29.7%, en pobreza extrema, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Estas cifras dan un panorama más amplio de la pobreza en México. Desde el 2008 el Coneval comenzó a medir la pobreza de manera multidimensional, bajo el argumento de que considerar sólo los ingresos de una persona no es parámetro suficiente para declararla pobre o no pobre. Con la metodología multidimensional un pobre es la persona que tiene al menos una carencia social e ingresos por debajo de la línea de bienestar, mientras que un pobre extremo es el que tiene tres o más carencias sociales e ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo.

En el análisis exclusivo por ingresos, la pobreza se acentúa. Chiapas es el único de 32 estados en donde más de la mitad de sus habitantes no tiene un ingreso mensual que alcance para cubrir sus necesidades básicas alimentarias.

Por rubros

Aunque el grado de pobreza en Chiapas permanece estático, esta población presenta menos carencias en el 2018 que hace 10 años. En lo que más se avanzó fue en el acceso a los servicios de salud pública, cuya diferencia es altamente significativa: mientras en el 2008 había 51.1% de habitantes sin acceso a salud, en el 2018 la proporción se redujo a 17.6 por ciento.

Otros avances importantes se presentaron en la vivienda de calidad y en la educación. En el 2008 al menos cuatro de cada 10 chiapanecos carecían de viviendas adecuadas, actualmente sólo dos de cada 10. Por su parte, la proporción de habitantes con rezago educativo pasó de cuatro de cada 10 a tres de cada 10.

Vulnerabilidad

En la economía chiapaneca, 76.4% de los habitantes es pobre, mientras el restante 23.6% se divide entre los que son: vulnerables porque tienen algunas carencias, los que son vulnerables por ingresos bajos y los que no son pobres y tampoco vulnerables.

Así, de la población total del estado de Chiapas, 15.0% no es pobre pero sí es vulnerable a la pobreza porque no tiene servicios básicos o vivienda adecuada o alimentación, educación o seguridad social o servicios de salud. Y 2.5% es vulnerable porque tiene ingresos inferiores a la línea del bienestar.

Esta situación implica que sólo 6.0% de la población en Chiapas se encuentra alejada de la pobreza. Sólo seis de cada 100 habitantes presentan ingresos suficientes para vivir de manera adecuada, con una casa en condiciones habitables, agua, luz, drenaje, alcantarillado, acceso a la salud, a la educación y un sistema de seguridad social que le permita tener una pensión en el futuro.

Transparencia, necesaria

Para Emmanuel Nájera de León, académico de la Universidad Autónoma de Chiapas, la falta de políticas públicas enfocadas al desarrollo económico, un clima permanente de inseguridad, y la nula rendición de cuentas por parte de las autoridades locales, son los principales factores que han provocado que Chiapas sea el estado más pobre del país y que su situación no haya cambiado en la última década.

Indicó que el problema reside en que no se han implementado políticas públicas que busquen un desarrollo económico en los gobiernos anteriores a la nueva gestión de Rutilio Cruz Escandón Cadenas: Juan Sabines Guerrero (8 de diciembre del 2006 al 7 de diciembre del 2012) y Manuel Velasco Coello (8 de diciembre del 2012 a 7 de diciembre del 2018).

En ese sentido, refirió que tampoco se ha desarrollo un verdadero estudio sobre qué actividades económicas tienen mayor potencial en la entidad, y por lo mismo, dijo, no se ha efectuado un plan que contemple proyectos de mediano y corto plazo.

“Lo que estamos viendo es que hacen faltas políticas públicas de corto y mediano plazo y que se monitoree su aplicación. Tenemos muchos casos en la entidad donde se han establecidos proyectos de crecimiento, pero de un día a otro fracasan y esto se debe a que no hay continuidad”, aseguró.

Por ejemplo, acotó el especialista, en el estado se crean casas de estudios enfocadas a capacitar a la población en todo lo relacionado con las actividades manufactureras, “pero de un día a otro cierran estos centros o dejan de ir los que capacitan”.

“El detalle recae en que se debe dar continuidad a los proyectos de desarrollo económico. Lo mismo ocurre con las obras de infraestructura, hay casos de puentes y caminos no terminados, o de escuelas o centros logísticos vacíos, abandonados”, destacó.

El académico explicó que por lo mismo se necesita de manera prioritaria que las autoridades actuales (municipales y estatal) efectúen un ejercicio de rendición de cuentas, ya que es de los cinco estados que más recursos recibe de la Federación (en los primeros seis meses del año el gasto federalizado ascendió a 45,744 millones de pesos).

“La raíz de la falta de desarrollo económico y de la pobreza actual en Chiapas recae en que por años los gobiernos estatal y municipales no han rendido cuentas, y tampoco han hecho un ejercicio de transparencia de recursos. En ese sentido, el Poder Federal así como los diputados y senadores deben pedir rendiciones de cuentas, preguntar qué pasó con las administraciones estatales”, subrayó.

Puntualizó que otro factor que impide mermar la pobreza es que Chiapas no cuenta con un Estado de Derecho y por lo mismo, el clima de inseguridad es latente.

“Chiapas es un estado con características muy particulares, está en la frontera sur, por lo mismo hay un clima de violencia latente, y también dentro de sí hay territorios con condiciones políticas singulares, como los que están custodiados por los zapatistas. Con todo esto la Iniciativa Privada no arriesga sus recursos al ver escenario de violencia”, aseveró.

Nájera de León indicó que también se debe contemplar crear escenarios fiscales que inviten a la inversión, como la zona libre en la frontera norte de México.

“Chiapas ha estado en una parálisis económica permanente porque no se han buscado crear planes o incentivos fiscales que inviten a los empresarios a invertir. De igual forma se debe contemplar desarrollar infraestructura, creación de puentes y caminos”, sostuvo.

El investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas confía en que el Tren Maya, el principal proyecto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que contempla a cinco entidades del sureste, genere empleos, aunque aclaró que primero debe evaluarse el daño ambiental de la obra.

”Las actividades turísticas son las que tienen mayor potencial para crecer en el estado, y el proyecto del Tren Maya lo contempla”, concluyó el académico.

estados@eleconomista.mx