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Colima, con el mayor probable daño a la hacienda pública federal
Durante el 2018, el indicador monto observado-muestra auditada del gasto federalizado fue de 33.3% para el estado.
Durante el 2018, Colima fue la entidad del país que registró el mayor probable daño a la hacienda pública federal en el ejercicio del gasto federalizado, en relación con la muestra auditada.
De acuerdo con la Tercera Entrega de la Cuenta Pública 2018 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la fiscalización del gasto federalizado del estado de Colima se determinó un monto observado (probable daño a la hacienda pública federal) por 4,513.2 millones de pesos, de una muestra auditada de 13,566.6 millones, que da un indicador de 33.3%, el nivel más alto de las 32 entidades federativas.
El monto observado entre la muestra auditada es un indicador que evalúa la calidad de la gestión de los fondos y programas fiscalizados, es decir, en el caso de Colima, su calidad de gestión, respecto a los otros territorios, es la más baja.
Por ejemplo, en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, Colima generó un probable daño a la hacienda pública federal por un importe de 19.6 millones de pesos, principalmente por pagos superiores a lo establecido en los tabuladores, pagos a personal que no contaron con los contratos, pagos a personal no localizados en los centros de trabajo, pagos a personal que causó baja y que se encontró de comisión.
Mientras en el programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, se generó un probable daño a la hacienda pública federal por un importe de 36.6 millones de pesos, principalmente por transferencias relacionadas con el pago de nómina, de las cuales se desconoce su destino, pagos superiores a lo establecido en los tabuladores y pagos a personal no localizado en los centros de trabajo.
A Colima, en el indicador monto observado-muestra auditada, le siguieron Tabasco (24.6%), Tamaulipas (21.3%), Morelos (21.2%), Campeche (20.9%) y Chihuahua (20.0 por ciento).
En este sentido, se debe destacar a Querétaro y Sonora, ya que cada estado presentó un valor de 0.1% en el gasto federalizado, los coeficientes más bajos en todo el país, lo que significa la mejor calidad de la gestión de los fondos y programas fiscalizados.
A nivel nacional, para el gasto federalizado fue de 7.9% (para este caso no se consideró 17,510.4 millones de pesos de las auditorías al cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera, ya que como corresponden a auditorías no financieras no tienen muestra auditada).
A detalle
El programa de auditorías del gasto federalizado de la Cuenta Pública 2018 se integró por 1,332 revisiones, las cuales constituyeron 73.7% de las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación.
Así, se verificó la transferencia de los recursos a los ejecutores en una muestra de 1.6 billones de pesos, lo que significó 81.2% del gasto federalizado.
En la fiscalización del gasto federalizado de la Cuenta Pública 2018, se determinó un monto observado de 144,430 millones de pesos; de este importe, 52,328.4 millones, 36.2%, correspondió al gasto federalizado programable, y 92,101.6 millones, 63.8%, a las participaciones federales.
Del total del monto observado, 1,447.0 millones, 1.0%, fueron recuperaciones operadas, y 142,983.0 millones de pesos, es decir, 99%, es importe por aclarar.
Contexto
El gasto federalizado importó un monto de 1.97 billones de pesos en el 2018, que representó 35.1% del gasto neto total federal, es decir, una proporción significativa del gasto de la Federación es ejercido por entidades y municipios.
Es importante mencionar que el gasto federalizado se transfiere por la Federación a los gobiernos locales mediante dos modalidades: programable o transferencias condicionadas (1.12 billones de pesos) y participaciones o de libre disposición (844,045 millones de pesos).
Los ingresos totales de las entidades y los municipios dependen del gasto federalizado; en promedio, en el 2018, los recursos federales transferidos constituyeron 84.5% de los ingresos estatales, sin incluir a la Ciudad de México (54.8%); a nivel municipal, sin alcaldías, la dependencia fue de 71.8%, aunque en los municipios con mayor rezago social llega a más de 90%, indica la Cuenta Pública.
