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Colima revoca 44 concesiones por irregularidades
El proceso de extinción se llevó a cabo durante más de un año.
La titular de la Secretaría de Movilidad (Semov) en Colima, Gisela Méndez, señaló que el gobierno del estado revocó 44 concesiones que se otorgaron en la anterior administración estatal a seis empresas por irregularidades en el proceso.
La funcionaria estatal indicó que el proceso de extinción se llevó a cabo durante más de un año, ya que en el gobierno interino, que encabezó Ramón Pérez Díaz, se detectaron movimientos irregulares en dichas concesiones, por lo que la administración ordenó una auditoría a la Controlaría del estado para evaluarlas.
Con los datos que extrajo la Contraloría y el análisis que hizo el equipo de la Secretaría de Movilidad en febrero del 2016 se estableció que teníamos elementos suficientes para iniciar el proceso de revocación de 44 concesiones , detalló la titular de la Semov, quien reiteró que no había antecedentes en el gobierno del estado de un proceso de extinción, cancelación o revocación de esta naturaleza.
En este sentido, refirió que este proceso inició el 11 de abril del 2016 y el acuerdo que extingue las concesiones se emitió el 11 de abril de este año. Con ello, inició la elaboración de decretos y recursos jurídicos para que el gobernador José Ignacio Peralta publicara en el Periódico Oficial del Estado, el pasado 17 de junio, la extinción concesiones.
Las causales principales de revocación son el hecho de que se dieron de baja del registro de concesiones, lo que quiere decir que son concesiones que no estaban operando y eso es una causal de revocación de acuerdo con la Ley de Transporte del Estado , expuso.
Las seis empresas involucradas son: Autotransportes Los Tesmos, Autotransportes Camino Real, Sky Line Construcciones, Skymcom, Autotransporte Drissana y Servicios Especializados de Transporte en General.
Proceso legal
Gisela Méndez manifestó que se llevó a cabo un proceso legal en contra de servidores públicos que han cometido alguna irregularidad, la cual se trató de una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia, y la Contraloría inició un proceso administrativo.
