En transparencia de información financiera, reprueban estados

A 10 años de la entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la mayoría de las entidades no cumple con la suficiente información para rendir cuentas sobre sus ingresos, gastos y deuda, expusieron integrantes del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

“Los estados violan la ley. Existe un desaprovechamiento de la tecnología contable para la generación de la información financiera estatal en tiempo real”, mencionó Juan E. Pardinas, director general del Imco al presentar el Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IIEG) 2017.

Este indicador, que muestra la distancia entre el destino de los recursos asignados en los presupuestos estatales y la manera en que efectivamente se gastó el dinero público durante el ejercicio fiscal, reveló que los gobiernos locales registraron un cumplimiento promedio de 58.4 % en el 2016, en una escala de 0 a 100 por ciento.

Lo anterior fue resultado de las calificaciones que ostentaron las tres secciones del IIEG: Información presupuestal (comportamiento de los ingresos y egresos originalmente autorizados por el Poder Legislativo), con 51.3%; Información contable (activos, pasivos y patrimonio de la Hacienda Pública, con 71.3%, e Información programática (destino y finalidad de los recursos públicos para programas, proyectos de inversión y actividades específicas de los estados), con 40.2 por ciento.

El director general del Imco acotó que existe una falta de planeación respecto de lo que se presupuesta y lo que se gasta; en el 2016 las entidades erogaron 223,726 millones de pesos adicionales a lo que presupuestó, monto que equivale al saldo de la deuda de 26 estados.

Comentó que la transparencia de las entidades debe ser fundamental, pues de cada 10 pesos que se tienen en el presupuesto, cuatro pesos se destinan a los gobiernos estatales.

Durante el año pasado, expuso, los estados contrataron 20,186 millones de pesos de deuda adicional a la estimada, es decir, 86% más de lo que se preveía, cifra que se compara con el presupuesto de Morelos en dicho periodo (20,492 millones).

“No existe control de calidad sobre las finanzas públicas locales, no cumplen con la ley y los tiempos de publicación no están bien (...) No diría que hay un riesgo sobre sus finanzas, pero sí hay un contexto de falta de orden que puede ser preocupante”, señaló Juan E. Pardinas.

Bajo cumplimiento

Manuel Guadarrama, coordinador de finanzas públicas del Imco, expuso que, de las 32 entidades federativas, sólo ocho cumplen con la información contable sobre sus finanzas públicas (arriba de 70 por ciento).

“Tabasco, Campeche, Puebla, Querétaro, Veracruz y Nuevo León sí brindaron información sobre su contabilidad financiera; mientras que Chihuahua, Michoacán, la Ciudad de México, el Estado de México, Baja California Sur y Guerrero tuvieron una calificación menor de 40% en un rango de 100”, manifestó.

Aclaró que en el caso de Baja California Sur, al cierre de la evaluación del IIEG (agosto del 2017), no existía información financiera publicada para los ejercicios fiscales 2015 y 2016.

Con respecto a Veracruz, refirió que las agencias Moody’s y Fitch Ratings han señalado que existe poca credibilidad sobre su información financiera, por lo que mantienen una calificación baja de la entidad.

Cambios

Si bien el IIEG 2017 se presentó por primera vez, Imco realizó un ejercicio para comparar los datos del 2015 (sería el IIEG 2016), por lo que la calificación en cumplimiento promedio del gasto de las entidades mejoró, al pasar de 51.4 a 58.4 por ciento.

Por posiciones en el índice, 16 estados retrocedieron (San Luis Potosí, con la mayor variación), cinco se mantuvieron igual (Tamaulipas, Guanajuato, Chiapas, Nayarit y Michoacán), mientras 11 avanzaron (Sonora, Querétaro y Durango a la cabeza).

El Imco realizó una serie de recomendaciones para mejorar la transparencia y calidad del gasto, tales como: que los estados estén obligados a publicar en tiempo y forma su información financiera; disminuir las variaciones entre el presupuesto aprobado y el monto ejercido; así como establecer criterios de distribución de ingresos excedentes obligatorios para todas las entidades federativas.