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Gobierno de CDMX financia clientelas con aportaciones de inmobiliarias: S. Taboada
El dinero que pagan los desarrolladores por concepto de mitigación de impacto debe quedarse en las colonias donde construyen para mejorar infraestructura de servicios.
El desarrollo inmobiliario genera beneficios económicos para las alcaldías de la Ciudad de México, pues, además de los empleos que crean, aportan impuestos y pagan mitigaciones por impacto en servicios públicos; sin embargo, esos recursos se los queda el gobierno capitalino, en lugar de invertirlos para mejorar la infraestructura urbana de las colonias en las que construye, expuso Santiago Taboada Cortina.
El candidato del PAN al gobierno de la alcaldía de Benito Juárez se manifestó en favor de esa actividad, siempre y cuando se realice de manera ordenada y que las autoridades respeten el destino de los recursos.
Si cada peso que pagan los desarrolladores para mitigación se invirtiera para lo que es, actualmente Benito Juárez tendría prácticamente una infraestructura pública renovada, aseguró.
El político panista dijo que “los recursos que los desarrolladores enteran a la CDMX deben quedarse en las zonas donde construyen, para renovar la infraestructura de agua potable y drenaje, por ejemplo”, remarcó.
Actualmente la caja a donde van a parar esos recursos está en el Zócalo. Es muy fácil acusar a los desarrolladores que son “del cártel inmobiliario y una serie de adjetivos” pero, también hay que ver que sus aportaciones se las queda el gobierno de la ciudad y muchos de sus programas sociales terminan pagándose con esos recursos, para sostener sus clientelas políticas, afirmó.
Alcalde, autoridad del día a día
Por otra parte, expuso que, independientemente de los problemas públicos que le toca resolver directamente a los alcaldes, se trata del gobierno del día a día y por lo tanto deben estar presentes en cualquier asunto que les afecte a los ciudadanos de su demarcación, particularmente la seguridad y servicios públicos.
Recordó que cuando explotó la subestación eléctrica, en avenida Universidad, en la colonia Acacias, que obligó a desalojar a más de 200 personas, se presentó para auxiliar a los vecinos, quienes demandaban respuestas sobre lo que estaba pasando, la dimensión del problema y qué hacer. “El director de la CFE, Manuel Bartlett no estuvo en el lugar”.
Taboada Cortina menciono que, en el caso de la seguridad, un alcalde no puede deslindarse del problema argumentando que la policía no depende de él. En ese sentido, recordó que su administración implantó el programa Blindar Benito Juárez, con el cual se logró disminuir los índices de violencia en la demarcación.
Explicó que en la tarea de generar condiciones de seguridad, a la alcaldía le toca la prevención, lo cual se logra, entre otras acciones, con calles iluminadas y vigiladas, con el fin de que los delincuentes no encuentren áreas de oportunidad para cometer ilícitos.
Comentó que una de las decisiones más difícil que tuvo que tomar al frente de la alcaldía fue precisamente meterse al tema de la seguridad.
Dijo que, si bien la policía depende de la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, Benito Juárez decidió invertir en patrullas, en el pago de más elementos policiacos y en la instalación de un circuito de videovigilancia y arcos identificadores de placas de circulación, de la alcaldía.
En el caso de la recolección de basura, dijo que la realiza el Área de Limpia y la delegación debe estar atenta para que cuenten con camiones y los instrumentos necesarios para realizar su labor.
Asimismo, expuso que el gobierno local tiene que estar atento para que funcionen los servicios públicos, en este caso no solo para los casi de medio millón de personas que viven en Benito Juárez, sino para los casi 2 millones de personas que todos los días cruzan, trabajan, van a la escuela, gimnasio, parques, etcétera.
La alcaldía Benito Juárez ejerce anualmente 2,000 millones de pesos, de los cuales 1,000 van directamente al pago de nómina de trabajadores sindicalizados y de estructura, además, el gobierno de la Ciudad de México se queda con alrededor de 200 millones de pesos para los llamados servicios centralizados, con lo cual el jefe delegacional solo maneja 800 millones.
Por otra parte, comentó que en la medida en que las alcaldías sean más autónomas, los alcaldes tendrán menos elementos para escudarse y decir que no pueden solucionar ciertos problemas públicos porque no está entre sus facultades y responsabilidades.
