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Guanajuato, Jalisco y Sinaloa, los estados más transparentes en gasto del sector salud
El ITGSEF 2024 revela que de las 32 entidades del país, 26 mostraron deficiencias en la rendición de cuentas; Campeche, Coahuila, Chiapas y Chihuahua se ubican en los últimos lugares.
Guanajuato, Jalisco y Sinaloa son los estados del país con una mayor rendición de cuentas sobre la información financiera del sector salud, según la consultora aregional, que desde el 2017 realiza el Índice de Transparencia del Gasto en Salud de las Entidades Federativas (ITGSEF).
De acuerdo con los resultados del 2024, de una escala de 0 a 100, Guanajuato tuvo 98 puntos, liderando la lista y posicionándose por quinto año consecutivo en el primer lugar; seguido de Jalisco (88.25 puntos) y Sinaloa (79.10). Estas tres entidades fueron las únicas clasificadas como Transparentes.
Los gobiernos estatales calificados como Transparentes cumplen con los estándares de acceso a la información fiscal y financiera, presentan documentos ordenados y ofrecen información estadística sobre los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).
El ITGSEF evalúa a las entidades en seis rubros de la salud pública: Marco Regulatorio, Marco Presupuestal, Costos Operativos, Rendición de Cuentas y Estadísticas presentadas. Guanajuato es el único estado que cumple con los seis bloques.
En Suficiente transparencia se encuentran los estados con un rango de entre 60 y 75 puntos: Tlaxcala, Veracruz y Querétaro. Estas entidades cumplen con la presentación de la mayoría de los documentos considerados para el índice, pero aún con problemas de actualización en algunas variables.
Las entidades reprobadas
Los gobiernos estatales con transparencia Deficiente son aquellos que tienen una calificación menor a 60 y muestran un descuido generalizado en los sitios de transparencia, falta de actualización de la información y en su mayoría no cuentan con datos históricos de al menos seis años.
En dicha categoría, Campeche se ubicó en el último lugar con 18.58 puntos, seguido por Coahuila en el lugar 31 con 27.98 puntos, Chiapas con 28.43 puntos, Chihuahua con 29.03 puntos y Estado de México con 29.95 puntos de los 100 posibles a evaluación.
Además, en esta calificación se encuentran 26 gobiernos estatales, de los cuales 20 se ubicaron por debajo de la calificación promedio de este año, que es de 45.38 puntos, el más bajo desde que se empezó a evaluar el índice en el 2017, cuando fue de 45.60 puntos.
"Esta diferencia es significativa para nosotros, ya que advierte que, a pesar de que se conoce el indicador, y debería ser un desafío mejorar la publicación de información más allá de la obligación, no se ve reflejada en la decisión de transparentar la información del sector. Esto se evidencia en los 26 estados que han sido reprobados en transparencia", señaló Elisa Flores Silva, líder del proyecto de Transparencia Fiscal, Rendición de Cuentas y Gobierno Abierto de aregional.
Por su parte, Cutberto Anduaga, director general de aregional, dio un estimado de 80,000 millones de pesos sin transparentar; “en promedio es lo que falta, sacando una relación conforme al presupuesto que reciben las entidades, por concepto de FASSA", que para este 2024 es de 135,589.4 millones de pesos.
Las lagunas de información pueden ser tan amplias que sólo cuatro entidades publican la cantidad de trabajadores incorporados en el sector salud (Hidalgo, Sinaloa, Guanajuato y Jalisco).
Abandono y desinterés
Sobre la falta de rendición de cuentas, Elisa Flores explicó que no hay una relación con la migración al sistema IMSS Bienestar, ya que esas variables no se encuentran en el estudio, y de ser así, entonces no habría estados como Guanajuato que cumplen.
Por su parte, Cutberto Anduaga descartó la pandemia como pretexto, refiriendo abandono y falta de interés de las autoridades obligadas a transparentar, de las legislaturas locales, de los entes reguladores autónomos y de las fiscalías anticorrupción.
Para hacer frente a esta situación, el directivo propone sanciones robustas y ejemplares impulsadas desde las mismas leyes estatales, así como promover entre los funcionarios el conocimiento de las obligaciones de publicación de la información establecidas en el marco legal.