Imco pone 43.9 a Querétaro en compras gubernamentales

Querétaro está entre los peores calificados en legislación de compras gubernamentales en la evaluación que realizó el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) con respecto a la calidad de la normatividad de adquisiciones y arrendamiento de bienes y servicios, pues sólo obtuvo 43.9 de 100 puntos.

Los peores calificados en la legislación de compras gubernamentales son Campeche, con 37.8; Zacatecas, con 34.1; Jalisco, con 32.9; Yucatán, con 30.5 y Guerrero con sólo 23.2 puntos.

Querétaro se ubica en la tabla general de calificaciones hasta el lugar 23. El único estado que pasó la evaluación fue Sinaloa, con 61.0 puntos; detrás se encuentra Baja California, con 56.1; Estado de México, Hidalgo y Oaxaca, con 54.9 cada uno; Distrito Federal y Nayarit con 52.4; Quintana Roo con 51.2 y Baja California Sur y Nuevo León con 50 puntos cada uno, el resto de los estados se encuentran por debajo de los 50.

De acuerdo con el Imco, los gobiernos estatales realizan sus compras utilizando sistemas legales que distan en su gran mayoría de las buenas prácticas en términos de competencia. La calificación promedio global de los 32 estados y la Federación es de 46.5 de 100 puntos, lo que indica que existe un amplio espacio para reformar y mejorar las leyes de adquisiciones de todas las entidades , menciona el estudio.

Éxito de sistema

El éxito de un sistema de compras públicas -indica- recae principalmente en la creación e instrumentación de un marco normativo que dirija a los funcionarios a gastar eficientemente y a comprar como si fuera su dinero y su beneficio lo que ésta en juego. Lo anterior debido a que son los gobiernos estatales los que realizan las compras con recursos públicos que generan los ciudadanos, quienes se benefician o perjudican con las decisiones de compra de los funcionarios.

Una buena ley -asevera- no garantiza compras eficientes; sin embargo, una mala ley aumenta la probabilidad de corrupción y compras caras.

De acuerdo con el documento Las mejores y peores leyes en la promoción de la competencia en las compras gubernamentales , cada año, con el dinero derivado de los impuestos, las entidades federativas gastan más de 60,000 millones de pesos en la compra de bienes y servicios, cifra que excede 4% el gasto total en carreteras, 30% el presupuesto anual del Seguro Popular y 60% el programa de desarrollo humano Oportunidades.

Según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Federal de Competencia (CFC), cuando se presentan actos de colusión en los procesos de compras públicas, los gobiernos gastan más de lo que hubiesen hecho en condiciones de competencia.

Según la experiencia de la OCDE, la cartelización de los proveedores aumenta el costo de los bienes y servicios aproximadamente 20%, mientras que la estimación de la CFC en su investigación sobre prácticas monopólicas absolutas por parte de los proveedores de medicinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (reveló que la adquisición de materiales terapéuticos se ha realizado a precios entre 12 y 36% por encima de los que se hubieran obtenido con competencia.

En este sentido, el Imco considera que si las legislaciones estatales mejorarán el ahorro público total y éste podría ser de entre 6,000 millones y 12,000 millones de pesos, entre 10 y 20%, respectivamente, de la cantidad de recursos que actualmente dedican los gobiernos estatales a este tipo de gasto. La entidad también está junto con Campeche, Guerrero, Michoacán y Puebla con menor calidad legislativa en compras públicas y con una menor transparencia en sus procesos.

dbecerril@eleconomista.mx