Impuesto a plataformas de entrega en la CDMX viola principios constitucionales: especialistas

“Si yo quiero hacer mi súper a través de una app, me va a salir 2% más caro, porque no creo que las grandes empresas vayan a absorber ese impuesto. ¿Y qué va a pasar? Que un repartidor va a venir y lo va a traer. Ahí se ocupó la infraestructura de la Ciudad de México y lo mismo va a suceder si yo hablo por teléfono al supermercado y pido mi súper, pero no se va a cobrar el impuesto, porque no se va a usar una plataforma digital”, dijo Karla Ortiz Macías, del consejo directivo nacional de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) durante el foro Diálogos de Derecho Digital. 

Especialistas en derecho fiscal y digital coincidieron en que la redacción del artículo 307 TER que el gobierno de la ciudad propuso adicionar al Código Fiscal local es confusa y puede provocar violaciones a varios principios constitucionales, como el de proporcionalidad y de equidad. El artículo, dijeron, no define con precisión cuál es la infraestructura sobre la que la ciudad busca cobrar el derecho de aprovechamiento; además de que afecta de forma diferente a distintos contribuyentes y vulnera la adhesión de México a la solución de dos pilares para establecer un impuesto mínimo a nivel global. 

El gobierno de la Ciudad de México, a cargo de Claudia Sheinbaum, propuso como parte de su Paquete Económico para el año 2022 la adición al Código fiscal local del artículo 307 TER, mediante el cual se cobre 2% del “monto total (de ventas), antes de impuestos, por cada entrega de personas físicas o morales que operen, utilicen y/o administren aplicaciones y/o plataformas informáticas para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de las cuales los usuarios puedan contratar la entrega de paquetería, alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía con entrega en el territorio de la capital”. 

Las autoridades capitalinas han insistido en que este cobro no se trata de un impuesto o una contribución, sino de un derecho por el aprovechamiento de la infraestructura que supuestamente realizan las empresas de mensajería y paquetería que operan a través de plataformas tecnológicas. Varias asociaciones de industria y de juristas han advertido que, tal como está redactada la propuesta, este aprovechamiento se trata más bien de un impuesto a las empresas de comercio electrónico por usar las calles de la ciudad para transportar sus mercancías.

Si camina como pato y grazna como pato…

“Si parece pato, camina como pato, grazna como pato, es del color de un pato, sabe a pato, pues es un pato, no nos puede nadie mentir”, dijo Israel Santos, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, acerca de la disyuntiva sobre si se trata de un impuesto o contribución o del derecho por el aprovechamiento de un bien público. 

Jorge Álvarez, presidente de la Comisión de Impuestos Locales de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, coincidió con Santos a este respecto, pues dijo que la propuesta del gobierno de la ciudad se trata de una contribución de naturaleza local disfrazada de un aprovechamiento.

¿Por qué el gobierno de la Ciudad de México quiere hacer pasar un impuesto por un derecho al aprovechamiento de la infraestructura de la ciudad? Según los especialistas, por dos razones. La primera es que el concepto de un derecho por aprovechamiento es más difícil de combatir ante el Poder Judicial. La segunda razón es que, si se tratase de un impuesto, este gravamen iría en contra del compromiso de México con 136 países para armonizar la estructura fiscal de la economía digital a nivel global. 

Para Leopoldo Reyes, coordinador del Comité de Derecho Tributario Electrónico de la Academia Mexicana de Derecho Informático (AMDI), si se quiere determinar si la propuesta del Gobierno de la CDMX se trata de un derecho al aprovechamiento o de un impuesto local es necesario observar que cuando se le permite a un particular explotar un bien del dominio público para obtener una ganancia, se tiene que revisar cuál es la la relación que guarda la inversión que realiza el Estado para poder crear ese infraestructura y cuál va a ser el correlativo lucro que va a tener el particular con la explotación de dicho bien del dominio público.

“Aquí no se hace un análisis. No se especifica propiamente lo que es la la infraestructura que pudiera estar siendo concesionada al particular para que este pueda ser uso de la misma y la explote”, dijo Reyes, quien añadió que la falta de este análisis viola el principio de proporcionalidad consignado en el Artículo 31 fracción IV de la Constitución mexicana. 

Acuerdo único global

Israel Santos, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, cree que la Ciudad de México carece de la competencia para poder introducir un impuesto como el que ha propuesto. Según el investigador, desde el 2013, el grupo de las 20 mayores economías del mundo (G20) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de los cuales México forma parte, se encuentran buscando un consenso para hacer que las grandes empresas paguen impuestos en donde tienen una cuota de mercado.  

Santos explicó que México asumió el compromiso de no establecer nuevas contribuciones, impuestos, restricciones o aranceles, para grabar la economía digital. La propuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum trastocaría por tanto el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, pues se estaría “dando la vuelta” a un compromiso que México asumió como país ante otros 136 países.

Efecto dominó en otros estados

Para Karla Ortiz Macías, del consejo directivo nacional de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), otro de los efectos que puede ocasionar la propuesta del Gobierno de la CDMX es que se replique en otros estados de la República mexicana. Dijo que, igual que ha sucedido en otros casos como el de los impuestos ecológicos, otros estados voltearán a ver la propuesta de la Ciudad de México como una forma de recaudar más dinero para sus gobiernos. 

Yo pienso que se daría un efecto dominó al igual que los impuestos ecológicos, que en este caso empezaron en Zacatecas y se han ido dando en otros estados de la República”, dijo. 

El problema de este posible efecto dominó, según Julio César Vega, director general de la Asociación de Internet MX, es que mientras que en la Ciudad de México la demanda de servicios de paquetería y mensajería permitiría que las empresas conserven la viabilidad de su operación en la mayoría de las zonas incluso con el cobro del nuevo impuesto, en otras localidades podría no suceder esto.     

“Si se pretende replicar en alguna otra entidad federativa, pues es probable que lo que suceda es que no haya a quien cobrarle, porque no va a haber plataformas que aguanten un efecto dominó”, dijo y añadió que este gravamen que propone el Gobierno de la ciudad va a beneficiar a las empresas más grandes, pues son las únicas que podrán absorber el impuesto, con lo que van a consolidar su operación expulsando del mercado a otras plataformas más pequeñas que no van a poder absorber esta nueva carga.

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx

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