Incertidumbre sobre servicio de agua potable en Quintana Roo

Cancún, QRoo.- Luego de que el Congreso de Quintana Roo anuló la ampliación del contrato de concesión del servicio de agua potable que opera Aguakan en cuatro municipios de la zona norte de Quintana Roo, se inició una batalla legal que ya se dirime en el poder judicial.

La más reciente actualización del tema se generó apenas esta semana, luego de que el Congreso del estado impugnó la suspensión provisional de amparo a favor de Aguakan que dejó sin efectos la cancelación de la ampliación del contrato hasta 2053 que le había sido otorgado a la empresa por el ex gobernador Roberto Borge en 2014.

El Juzgado Octavo de Distrito con sede en Cancún recibió el recurso de queja del Congreso del estado, el cual ya fue remitido a un Tribunal Colegiado para resolverse en estos días.

Este jueves 4 de enero se celebrará la audiencia incidental que decidirá si Aguakan es beneficiado con una suspensión definitiva, lo cual le permitiría a la empresa seguir prestando el servicio de agua potable en tanto no se dicte sentencia definitiva.

Incertidumbre

La concesión del servicio de agua potable, sin la ampliación otorgada en 2014,  venció el 31 de diciembre de 2023, por lo que a partir del 1 de enero de 2024 se abrió un periodo de incertidumbre sobre lo que sucederá con la prestación del servicio en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad (Playa del Carmen).

 La iniciativa fue presentada por Morena en el COngreso de Quintana Roo, luego de que desde 2020 el gobierno federal anunciase que desde entonces analizaban junto con autoridades estatales y municipales de Quintana Roo la posibilidad de revertir la concesión de Aguakan.

“No hay muchas privatizaciones de agua en el país, pero sí hay en seis estados; estamos tratando de trabajar con los municipios y con los estados como por ejemplo sería en Cancún y Aguascalientes, donde la gente está no está contenta.  Nosotros estamos brindando asesoría, pero tiene que haber voluntad tanto de los estados como de los municipios para poder revertirla, claro siempre dentro del marco de la legalidad”, expuso la entonces titular de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez Cisneros.

Antecedente

El 11 de noviembre del 2014, la XIV Legislatura de Quintana Roo aprobó prorrogar anticipadamente a favor de Aguakan, hasta 2053, la concesión del servicio público de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres.

En esa misma sesión, se incorporó al título de concesión el servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales para el municipio de Solidaridad. En ambos casos, la prórroga en Benito Juárez e Isla Mujeres y la incorporación de Solidaridad, se determinó la vigencia de la concesión hasta el 31 de diciembre del 2053.

A propósito de esta concesión, la entonces alcaldesa de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, recordó que durante el mandato de Roberto Borge Angulo como gobernador de Quintana Roo y Mauricio Góngora como presidente municipal de Solidaridad se otorgó este contrato hasta el año 2053, “de espaldas a la ciudadanía y en violación a disposiciones municipales que tajantemente prohíben concesionar servicios básicos como el agua potable”, dijo.

Entre las disposiciones locales que se violaron mencionó el artículo 79 del Bando de Policía y Buen Gobierno, el cual prohíbe expresamente concesionar a particulares los servicios de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado a nivel municipal.

Además, el contrato no se licitó, sino que se le asignó de manera directa a la empresa, lo cual, dijo, constituye una ilegalidad, con base en el artículo 122 de la Ley de Agua Potable de Quintana Roo, que obliga a licitar una concesión como la que se adjudicó de manera directa a Aguakan en 2014.

A cambio de la concesión, Aguakan pagó una contraprestación de 1,050 millones de pesos que fueron entregados a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), la cual entregó el dinero íntegramente a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), de donde desaparecieron y constituye una de las líneas de investigación contra ex funcionarios de la administración de Roberto Borge Angulo, recordó Beristain Navarrete.

Puerto Morelos fue otro de los municipios que intentó cancelar la concesión de agua potable a Aguakan, pero posteriormente desistió en su intento.