Lectura 5:00 min
Inhabilitan a ex funcionarios de Rodrigo Medina
El exsecretario de Desarrollo Económico y de Desarrollo Social deberá cumplir una sanción resarcitoria de 280 mdp.
Monterrey, NL. Como parte de la Operación Tornado, la Contraloría y Transparencia Gubernamental en Nuevo León anunció la inhabilitación del exsecretario de Desarrollo Económico y de Desarrollo Social, Federico Vargas Rodríguez, y del exsecretario de Obras Públicas, Luis Marroquín Salazar.
Ambos funcionarios de la administración encabezada por el exmandatario Rodrigo Medina de la Cruz fueron inhabilitados por 10 años para ocupar cargos en la entidad, afirmó la contralora Nora Elia Cantú.
La Operación Tornado es una investigación que abrió en junio del 2016 la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción del estado, sobre hechos relacionados con los delitos de peculado, daño patrimonial, ejercicio indebido de funciones, ejercicio abusivo de funciones y coalición, para señalar conductas de funcionarios públicos que no se deben de realizar, sean estatales, municipales o inclusive, en su caso, legisladores, si así se presentara , indicó el titular de la subprocuraduría, Ernesto Canales.
En el caso de Federico Vargas, se han detectado posibles irregularidades, por el otorgamiento de incentivos a la empresa Siderúrgica de Linares; se dictó resolución correspondiente de inhabilitación para desarrollar cualquier cargo en el servicio público por 10 años, además de las sanciones resarcitorias que en conjunto ascienden a 280 millones de pesos , aseveró Nora Elia Cantú, acompañada por Aldo Fasci, fiscal de la subprocuraduría anticorrupción y asesor jurídico del gobierno de Nuevo León.
Esta sanción indemnizatoria no sólo deberá cumplirla el exfuncionario, sino en conjunto con exservidores públicos previamente sancionados por el mismo caso y ya inhabilitados.
Éstos son Juana Aurora Cavazos, exsecretaria de Desarrollo Social; Patricia Aguirre González, exdirectora de la Corporación para el Desarrollo Turístico, y Juan Manuel Fernández García y Sergio Alejandro Alanís Marroquín, quienes ocuparon en periodos distintos la Dirección General del Instituto de Vivienda.
Obras irregulares
En la revisión a los procedimientos de la Secretaría de Obras Públicas, liderada durante el sexenio pasado por Marroquín Salazar, se detectó un posible daño al erario por 21.5 millones de pesos por la construcción del canal pluvial en el Arroyo San Miguel e Interpuerto, en el municipio de Salinas Victoria.
La contralora añadió que se dictó la resolución correspondiente condenándose al resarcimiento (del daño patrimonial) y la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión por el término de 10 años .
Aldo Fasci refirió que el fuero con el que cuentan algunos funcionarios federales no afecta las inhabilitaciones en la entidad.
El fuero es un tema local respecto de la resolución, no un fuero federal. El fuero federal no está afectado por inhabilitación. Está inhabilitado para cargos a nivel local .
Expresó que el estado se reserva la posibilidad de ir por la vía penal para sancionar las probables irregularidades.
El actual titular de Infraestructura, antes Secretaría de Obras Públicas, Humberto Torres, inició los procedimientos de responsabilidad administrativa a servidores y exservidores adscritos a su dependencia, que incumplieron con su encargo y se les detectaron algunas irregularidades.
Los servidores públicos involucrados se desempeñaban en puestos de la actual Secretaría de Infraestructura, en esta gestión.
Con dos años de inhabilitación fue notificado Eugenio García Espinoza, por su participación en los pagos en exceso y no presentar pruebas de laboratorio en las obras de pavimentación en la Colonia Mission Ciudad Hermana, en su tercera etapa, en Salinas Victoria.
Ernesto Lara Salinas fue imposibilitado para ocupar un cargo público en la entidad por tres años, por la duplicidad de pagos en trabajos de alumbrado para la Ecovía.
José Alfredo Contreras Moreno, por un año tras su participación en la duplicidad de pagos en la construcción de cimentación y estacionamiento en Avenida Madero y Gonzalitos.
Se suspendió por tres meses a Armando Faustino Elizondo González y Brígido Gómez Gómez, por irregularidades en el control del penal de Mina y duplicidad de pagos en la Línea 3 del Metro, respectivamente.
Los ahora exfuncionarios de la Secretaría de Infraestructura ya fueron notificados y separados de sus cargos.
A todos los funcionarios ya se les notificó: Si proceden al juicio, hay que pelear , dijo Aldo Fasci. También explicó que las personas que se mencionaron ya tuvieron derecho de audiencia, lo que procede es la defensa en un (juzgado) local contencioso .
En el caso de que haya servidores que estén en funciones, pueden pedir licencias; es un permiso para ausentarse .
Caso Medina
Aldo Fasci aclaró que el exgobernador Rodrigo Medina tiene derecho a ampararse y que el juicio apenas está comenzando, pues el caso no termina allí y falta que se resuelvan los amparos. Mencionó que falta el séptimo (amparo) por vinculación (uso indebido de funciones públicas) .
La suspensión definitiva de amparo es para que no lo detengan, el proceso apenas va a iniciar (...) (Medina) tiene que asistir cuando lo ordene el juez de control y no podrá salir del país .
