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La CCA rechaza petición de abrir expediente contra el Tren Maya
La Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte informó a los grupos ecologistas que la solicitud ingresada no cumple con los requisitos para iniciar un expediente sobre el caso.
Foto: Cuartoscuro
Cancún, QR. La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) de América del Norte rechazó la petición ingresada por grupos ecologistas que denuncian que el gobierno de México ha dejado de aplicar su legislación ambiental durante el proceso de construcción del Tren Maya.
La CCA notificó a las organizaciones que la petición no cumple con los requisitos para abrir un expediente sobre el caso, aunque dejó abierta la posibilidad para que replanteen su queja y la reingresen a más tarde en octubre de este mismo año.
El sistema de peticiones (SEM) y la Comisión para la Cooperación Ambiental fueron creados por el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN), en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) desde el 2020.
La CCA no cuenta con facultades para aplicar sanciones. Solo puede, de considerar que algún reclamo tiene fundamento, publicar un expediente de hechos.
Según lo define la propia Unidad Jurídica de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el propósito del CCA es "atender las cuestiones ambientales regionales de preocupación común y promover la aplicación efectiva de la legislación ambiental”.
Las organizaciones que interpusieron la petición, entre las que figuran Moce Yax Cuxtal, Gema del Mayab, Red de Formadores Socioambientales, Sélvame del Tren, Cenotes Urbanos y Jaguar Life Center, argumentaron que el gobierno mexicano ha ejecutado trabajos de desmonte de la selva maya sin haber obtenido de manera previa las autorizaciones correspondientes y, por ende, sin que se hayan realizado y evaluado los estudios para saber si el proyecto es viable sobre esa zona, en la que abundan cenotes y los ríos subterráneos más grandes del mundo.
“México incumplió el carácter preventivo del procedimiento de evaluación ambiental y sostienen que debido a la fragmentación del proyecto en varios segmentos, no se consideraron los impactos ambientales significativos, acumulativos, sinérgicos, directos, indirectos y residuales”, se lee en la petición hecha ante la CCA.
“Los estudios de suelo y geofísicos son inadecuados porque no consideran la fragilidad del karst y del suelo de la península de Yucatán, lo que resulta en elevados riesgos de hundimiento de la infraestructura, así como de accidentes durante el transporte del combustible. La petición también señala las carencias en lo relativo a la evaluación de riesgo de los talleres para la carga de combustible y el mantenimiento, así como la falta de consideración de las especies en peligro de extinción en la zona”, añaden.
Asimismo, citan varios instrumentos legales nacionales e internacionales, como la Carta Magna, el Acuerdo de Escazú, el Pacto de San José de Costa Rica, el Protocolo de San Salvador, la Declaración de Río, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Vida Silvestre y la Ley de Aguas Nacionales, los cuales habrían sido violados durante el proceso de construcción del Tren Maya.
También hacen referencia a que desde el pasado 13 de julio se reanudaron las obras del Tramo 5 sur del Tren Maya, pese a estar vigente la suspensión definitiva de las obras concedida por un juez de Yucatán mediante el juicio de amparo 884/2022.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, argumentó que no se violentó la ley, pues previo a ello se hizo valer la condición de proyecto de seguridad nacional de la que goza el Tren Maya para poder reanudar las obras.
