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Mala actuación de actuaria propició allanamiento ilegal
Incumplió su papel de encabezar el procedimiento?con legalidad, independencia e imparcialidad.
El allanamiento de una empresa ubicada en la calle de Liverpool, en la colonia Juárez, estuvo plagado de irregularidades: irrupción de 30 granaderos en un edificio, sustracción de objetos sin la presentación de la orden de un juez y, lo peor de todo, que los bienes embargados-sustraídos pertenecían a Mente y Tecnología e Inova Empresarial, empresas que no estaba demandadas pero ocupaban un lugar en el mismo inmueble que la firma requerida judicialmente.
La actuaria que participó en los actos debió haber dirigido el procedimiento con imparcialidad, legalidad e independencia, como dice el artículo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia, pero no fue así.
La actuaria, Verónica Gallegos, está adscrita al juzgado décimo primero civil de Cuantía Menor del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a cargo del juez Joel Martínez González. Los videos que fueron grabados con teléfonos celulares dejan claro que el papel protagónico de la diligencia lo lleva el abogado Alfonso Miguel Vázquez Cantell. Él da órdenes a los cargadores y escoge los bienes que éstos van a sacar de la oficina.
El artículo 61 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México es muy claro: el juez delega en el actuario adscrito a su juzgado las facultades para practicar la diligencia, bajo la responsabilidad de la fe pública que les corresponde. La independencia e imparcialidad de la actuación de los actuarios no sólo son ideales sino imprescindibles. Cuando esto no ocurre, se violenta el debido proceso. En los videos de los hechos ocurridos, la actuaria Verónica Gallegos toma un papel pasivo y subordinado al del abogado de una de las partes.
A la actuaria Verónica Gallegos le correspondía la obligación de mostrar la documentación del allanamiento-embargo a los afectados. No lo hizo. Tampoco impidió que una treintena de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública irrumpieran en el edificio y llegaran hasta el sexto piso del mismo. De acuerdo con la ley, estos elementos de seguridad sólo podrían entrar en caso de que hubiera flagrancia o que hubiera un riesgo real en la diligencia.
El proceso jurídico que detonó esta acción desordenada y no sustentada por el derecho continuará esta semana. Las firmas Mente y Tecnología e Inova Empresarial han presentado denuncias e iniciado los trámites para la devolución de sus bienes de trabajo, valuados en poco más de 500,000 pesos.
