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Negociarían con propietarios de terrenos en Tajamar
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo espera un análisis jurídico sobre la situación legal del complejo.
Cancún, QR. El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, se reunirá con propietarios de terrenos en Malecón Tajamar para buscar una salida negociada a la cancelación de este complejo inmobiliario.
Indicó que está en espera del análisis que le entregará el equipo jurídico de la dependencia sobre la situación legal de Tajamar, pero ante el escenario de que ya no exista alguna posibilidad jurídica de destrabarlo, “tendremos que ofrecer algún tipo de solución o intercambio a los afectados”.
La postura definitiva de Fonatur esperará un poco más, pues se necesita analizar a detalle los márgenes de actuación que tiene aún el gobierno, además de que todavía resta dar cumplimiento a otros aspectos de la sentencia judicial del 2017 como el plan de restauración que debe realizar la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, explicó.
“Hay quienes aún nos piden rescatar el proyecto original, lo cual yo ya veo muy difícil, tenemos entonces que visualizar todos los escenarios para presentar la postura de Fonatur y lo que podemos ofrecer a los dueños de los terrenos, porque no podemos evadir esta responsabilidad”, agregó.
Adelantó que se tomarán en cuenta no sólo las exigencias de quienes tienen inversión en Malecón Tajamar, sino que la solución a la que buscan llegar deberá incluir los diferentes sectores que están involucrados, como ambiental y social.
Jiménez Pons lamentó que un proyecto de esta magnitud haya llegado al punto en el que se encuentra actualmente, lo cual atribuyó a que durante la administración anterior no actuó para evitar que el problema se solucionara jurídicamente antes.
“Es un tema muy delicado con muchos intereses y mucho dinero en juego que no se atendió en su momento y se dejó crecer”, aseguró el director general de Fonatur.
Escenario previsto
Durante la administración de Enrique Peña Nieto, los entonces encargados del Fondo Nacional de Fomento al Turismo anticiparon que las indemnizaciones por la cancelación definitiva de Malecón Tajamar alcanzarían 3,000 millones de pesos.
En el 2016, cuando estalló el conflicto por la devastación del manglar y demás vegetación apenas unas semanas antes de que concluyeran los permisos con que contaba Fonatur para el desmonte de los predios al interior de Malecón Tajamar, Manuel Mercado Béjar, entonces director de Desarrollo de Fonatur, advirtió que la cancelación del proyecto implicaría dejar de generar 5,166 empleos directos y 10,332 empleos indirectos, así como cerrar la puerta a inversiones inmobiliarias de 11,000 millones de pesos.
Se informó también que de la comercialización de lotes Fonatur obtuvo 2,040 millones de pesos, pero en caso de que los compradores de esos terrenos decidieran demandar por la cancelación del proyecto, el gobierno tendría que erogar alrededor de 3,000 millones de pesos en indemnizaciones, sin contar con la inversión ya hecha de 600 millones de pesos entre el 2005 y el 2009 para la urbanización de 74 hectáreas que comprenden todo el complejo.
Malecón Tajamar tiene una capacidad máxima de 2,583 unidades de alojamiento, cuyos desarrolladores son 22 empresas del norte del país, así como empresarios cancunenses.
El libro blanco de Malecón Tajamar elaborado por Fonatur establece que el gobierno federal invirtió 618 millones de pesos entre los años 2003 y 2012 para la urbanización de las 72 hectáreas que conforman todo el complejo.
Además de esa inversión, entre el 2012 y el 2018, el gobierno federal pagó 35.5 millones de pesos de Predial, así como 4.3 millones por concepto de energía eléctrica, más otros 3.3 millones de vigilancia.
La activista Aracely Domínguez, del Grupo Ecologista del Mayab, indió que la anterior administración federal encabezada por Peña Nieto sabía que el complejo estaba cancelado derivado del amparo y la suspensión definitiva que les otorgó el Tercer Tribunal Colegiado desde el 2017; sin embargo, alimentaron falsas esperanzas de que todavía había recursos legales por dirimir para dejar transcurrir el tiempo y no enfrentar las millonarias demandas.
