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Nuevo León tiene justificación para endeudarse y garantizar el abasto de agua en Monterrey
Tan sólo en la obra del acueducto El Cuchillo II y terminar la presa Libertad, se estima que el gobierno de Nuevo León tendría que financiar 6,413.2 millones de pesos, más las acciones que realiza a corto plazo. Por ello se requiere adquirir deuda pública, esto presionará las finanzas pero es manejable y necesario para resolver la crisis hídrica.
Monterrey, NL. El acuerdo entre el gobierno de Nuevo León con el presidente de la República, a través de Conagua, para agilizar las obras del acueducto El Cuchillo II y terminar la presa Libertad para 2023, permitirá contar con nuevos abastecimientos y reservas de agua potable, para Monterrey y la zona conurbada. El estado tiene justificación para endeudarse y garantizar el abasto de agua, indicaron expertos.
El costo para el gobierno estatal de la construcción del acueducto El Cuchillo II será de 4,710 millones de pesos, y para concluir la obra de la presa Libertad la federación aportará 1,703.2 millones este y el próximo año, por tanto, Nuevo León tendría que aportar una cifra similar. Es decir, que de estas dos obras Nuevo León tiene que financiar 6,413.2 millones de pesos.
Jorge Omar Moreno Treviño, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, comentó a El Economista, que se debe celebrar que se realicen inversiones para la infraestructura para el manejo del agua, porque son muy necesarias para la comunidad y la región y se dejaron de hacer durante mucho tiempo.
Las inversiones que realiza el gobierno estatal en la perforación de pozos, adecuaciones para traer el agua de riego de la zona citrícola a la planta potabilizadora, así como las de mediano plazo, antes mencionadas, “se van a adquirir con deuda, definitivamente van a crear presiones futuras en el gobierno del estado, pero hay que pensar que el déficit puede ser manejable y en estos casos está justificado”, recalcó Moreno Treviño.
Ahondó, que la deuda pública no es mala cuando se enfoca en proyectos prioritarios y de infraestructura que mejoren la productividad y resuelvan un problema profundo de la comunidad como lo que se vive hoy con la crisis del agua.
“La deuda pública es una herramienta para hacer frente a este tipo de crisis, por tanto el déficit fiscal que se podría presentar en el futuro simplemente es el costo que hay que enfrentar por resolver una situación inmediata que requiere acción por parte del gobierno del estado”.
Deuda manejable
Al cierre de 2021 la deuda del gobierno de Nuevo León, sin incluir a sus organismos, ascendió a 53,389 millones de pesos, lo que representó un incremento de 5.53% con relación a la deuda que dejó el ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón. De acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios, el gobierno anterior liquidó la deuda a corto plazo.
En el primer trimestre de este año, el saldo de la deuda del gobierno estatal, sin incluir a sus organismos, fue de 53,230.3 millones de pesos, y una deuda a corto plazo por 2,972 millones de pesos, la cual adquirió en el último trimestre de 2021, según datos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado.
“Cuando un estado se endeuda en un índice menor a su presupuesto anual, se maneja con eso la tasa de riesgo. En el caso de Nuevo León la deuda del gobierno y sus entes, al cierre del año pasado estaba en 82,441 millones de pesos; entre el cierre del ejercicio de la administración anterior y el inicio de ésta representó un incremento de 3,022 millones de pesos”, indicó a El Economista, Jorge Lera Mejía, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Detalló que antes de salir Jaime Rodríguez, su administración pagó las deudas de corto plazo y dejó saneada la cartera crediticia.
El endeudamiento de Nuevo León, contra el presupuesto anual está debajo del 70%, por eso las calificadoras lo consideran como deuda manejable, todavía hay margen de maniobra”.
Por otra parte, el profesor investigador de la UAT alertó que Nuevo León está viviendo la peor sequía, lo cual amenaza la permanencia de las empresas que tienen uso intensivo del agua, y que necesitan con urgencia satisfacer necesidades futuras del agua para sus productos.
En ese escenario planteó que Coca Cola Femsa y Arca Continental, que tienen fusiones con el Grupo Tampico y con el Grupo Continental, respectivamente, pudieran enfocarse en instalar sus plantas en Tampico.
“Se habla de que los regios buscan nuevas fuentes alternativas para sus productos estratégicos, por ello está bien que el gobierno estatal use el manejo de su deuda a corto y mediano plazo para restablecer el abastecimiento de agua”, subrayó Lera Mejía.