Partidos exigen investigación transparente en caso Dragon Mart

Cancún.- Ante el anuncio que hizo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de investigar a los servidores públicos que participaron en la aprobación del impacto ambiental del proyecto Dragon Mart, partidos de oposición en Quintana Roo lanzaron un llamado para que esta investigación se realice de manera transparente, pronta y expedita y que no vaya a servir únicamente para exonerar a los responsables en Quintana Roo.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Quintana Roo demandó una investigación a fondo de las autoridades ambientales que despachan en la entidad, entre ellos Omar González Castilla, delegado de la Semarnat, Ludivina Menchaca Castellanos, delegada de la Profepa y los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente (Sema) del estado, Rafael Muñoz Berzunza y Juan Pablo Ortega Ceballos del Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (Inira) por permitir, solapar y actuar con complacencia ante los ecocidios en Quintana Roo .

El sol azteca reconoció la acción, aunque tardía, de las oficinas centrales de la Profepa para sancionar a los funcionarios federales que aprobaron el proyecto Dragon Mart Cancún y permitieron la devastación de más de 149 hectáreas de vegetación en el predio El Tucán , por lo que exige se les finquen responsabilidades a los titulares.

El dirigente estatal del PAN en Quintana Roo, Eduardo Martínez Arcila, exigió que se deslinden responsabilidades a los involucrados en ese proyecto y ante el anuncio de la dependencia federal, de investigar dicho proyecto, el líder estatal calificó como un buen inicio de la Profepa en el proceso de deslinde de responsabilidades.

Aunque fue durante una administración perredista que se le otorgaron los permisos de construcción al Dragon Mart, el partido dijo que la administración municipal que encabezó su militante Julián Ricalde Magaña negó la licencia de construcción al Dragon Mart a pesar de contar con la aprobación del Comité que se creó para estudiar la procedencia del proyecto.

Fue la dirección de Ecología de Benito Juárez en la administración 2011 – 2013 la que impuso una multa a los propietarios del predio El Tucán por más de dos millones 749,740 pesos por la devastación de flora y fauna sin contar con la autorización y que fue la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia la que ordenó la expedición de la licencia de construcción que los regidores del PRD votaron en contra con anterioridad.

El PRD exigió también por que se indaguen los casos en los que las autoridades ambientales de Quintana Roo han permitido grandes afectaciones de manglar, como el desarrollo Puerto Cancún que continúa afectando más de 100 hectáreas de mangle, Punta Nizuc que eliminó toda la zona intermareal para construir un canal de más de un kilómetro de longitud, el hotel Paradisus de Playa del Carmen que removió más de 400 metros de vegetación, el Gran Coral de la Riviera Maya y otro casos más donde han rellenado cenotes.

El gobierno del estado no se ha pronunciado al respecto pese a que la Profepa emitió un comunicado en el que le solicita anular los permisos estatales y municipales que se le otorgaron en su momento, así como investigar y en su caso sancionar a los funcionarios que los otorgaron.

jvazquez@eleconomista.com.mx