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Sector inmobiliario busca regulación para nuevas prácticas en Querétaro

Debido a la alta demanda de renta de inmuebles, la solicitud de pólizas jurídicas ha incrementado como una medida para sustituir la falta de garantías, práctica que carece de algún control y ha derivado en una nueva forma de fraude.

Foto EE: Miguel Blancarte

Foto EE: Miguel Blancarte

Querétaro, Qro. La alta demanda por renta de inmuebles ha incrementado la solicitud de pólizas jurídicas, práctica que carece de regulación y por lo tanto ha derivado en una nueva forma de fraude.

El presidente del Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios del estado (Cepiq), Arturo Hernández Serrano, explicó que con los efectos de la pandemia aumentaron esta problemática, pues la necesidad de cambiar o alquilar una vivienda incrementó y con ello las solicitudes de pólizas, como una medida para sustituir la falta de garantías.

Solamente una ínfima proporción de quienes arrendan, explicó, cuenta con un inmueble que pueda fungir como garantía de la renta; ante esta ausencia de garantías, es que la póliza ha cobrado mayor referencia en el mercado inmobiliario.  

“Los abogados se han inventado un servicio, porque fue una invención, que hoy se llama póliza jurídica que es como el seguro de un coche, llega un inquilino que no tiene alguien que lo avale, no tiene una propiedad que ofrecer en garantía y entonces va a pagar un seguro, ese seguro representa que si el inquilino hace algo indebido o no paga la renta,  ya habrá pagado por adelantado a un bufete de abogados que va a proceder en su contra, lo va a demandar, embargar y lo va a sacar del inmueble”, puntualizó.

Sin embargo, el consejo ha identificado que al surgir este esquema como una práctica creada, no hay un sistema que la regule, prestándose a fraudes y a que personas sin experiencia legal o inmobiliaria tramiten este tipo de pólizas.

“Si bien tenemos un Código Civil que trata de hacer regulaciones respecto del arrendamiento, no hay reglamentos o no hay códigos que nos digan qué normatividad se debe de seguir y dónde nos podemos quejar si algo no sale bien”, explicó.

A través del consejo se han recibido quejas por la incidencia de estafas y abusos que surgen de utilizar las denominadas pólizas jurídicas, sin que haya un control o regulación sobre su implementación.

“Como fue un servicio creado ha sido un producto que por la necesidad de la gente de menos recursos ha tenido una altísima demanda en el estado, se han prestado abusos, estafas, para arrendadores, arrendatarios, dueños, inquilinos y ha sido elemento de estafa para los asesores. Ya tenemos demasiadas quejas en el estado”, comentó.

Así como años atrás, explicó, en el estado se presentó una constate de fraude inmobiliario por suplantación de identidad, ahora se presenta esta modalidad a través de las pólizas jurídicas para renta de inmuebles.

Si se estima que al año se coloquen 20,000 viviendas comercializadas en el estado, las operaciones en renta pueden ser dos o tres veces más. Estimó que de las pólizas jurídicas que hay en el mercado inmobiliario, 50% son operaciones de pólizas con algún tipo de irregularidad.

Proyecto

El consejo desarrolla un proyecto para incidir en la formalización de este trámite y reducir la posibilidad de fraude.  El presidente del Cepiq explicó que si bien como instancia privada no tiene una facultad regulatoria, sí buscarán crear un reglamento y código de ética que dé cuenta de las condiciones formales en que debería establecerse una póliza de este tipo.

Por ello, instó a las cerca de 50 firmas que en el estado emiten pólizas jurídicas, para que se acerquen al consejo y homologuen criterios, con la finalidad de generar una lista blanca de compañías que brindan pólizas con base en estándares de formalización.

En una segunda etapa, se buscará un acercamiento con los legisladores locales, con la finalidad de avanzar hacia una mayor regulación de la actividad inmobiliaria.

La vicepresidenta de Cepiq –y titular de la iniciativa para crear un reglamento– Mara Morales, explicó que a través de la lista blanca se pretende reconocer las prácticas profesionales, alineadas a derecho, con la finalidad de mejorar el nivel de la prestación de servicios inmobiliarios.

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