Sólo ocho entidades del país han implementado el impuesto al carbono

A pesar de que México es un país vulnerable a los impactos del cambio climático y ha asumido el compromiso mundial de reducir 30% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para el 2030, únicamente ocho entidades han o están implementado el llamado impuesto al carbono.

Los estados que ya cuentan con este instrumento son Zacatecas, Tamaulipas, Baja California, Querétaro, Yucatán, Estado de México y Guanajuato, mientras Jalisco prevé presentar la iniciativa para su discusión a principios del 2023.

La baja participación de las entidades federativas, explicó el coordinador de proyectos estratégicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del estado de Jalisco (Semadet), Luis Casillas, se debe a que “hay un desincentivo y un obstáculo por parte del gobierno federal para el desarrollo de este tipo de iniciativas”.

En conferencia con motivo de la presentación del reporte Impuestos al carbono en México: desarrollo y tendencias, abundó que un reflejo de lo anterior es que hasta ahora ningún estado del país se ha podido integrar al mercado voluntario internacional por medio de una iniciativa de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal.

Lo anterior, dijo el funcionario de Jalisco, no ha sido posible porque el gobierno federal no ha autorizado las transacciones de este tipo de créditos, por lo que han encontrado dificultades para implementar la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal, cuando en otros países como Costa Rica el recurso que ingresa por este concepto se destina por completo para financiar la política de desarrollo rural.

“También ha habido cierto recelo por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por competencia con el Sistema de Comercio de Emisiones. Es un tema complicado porque no están claras las intenciones de cada una de las órdenes de gobierno ni los mecanismos para lograr estos objetivos”, resaltó Casillas.

Incertidumbre

Otra razón de la baja implementación de los impuestos subnacionales al carbón, expuso, es por la incertidumbre sobre la resolución legal sobre el caso del estado de Zacatecas, que enfrentó un litigio de cuatro años con el que finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a su favor y se permitió cobrar este tipo de gravamen.

En la conferencia, representantes de las secretarías de Finanzas y Medio Ambiente de estados como Querétaro, Tamaulipas, Zacatecas, Jalisco, Yucatán y Guanajuato, coincidieron que el precio al carbón no debería ser visto como un impuesto más, sino como un incentivo y una oportunidad para mitigar las emisiones de GEI para que México alcance sus metas globales de descabornización y, al mismo tiempo, para impulsar la competitividad de las empresas del país en esta materia.

“La propia corte estableció que estos impuestos no son meramente extractivos, su fin no es recaudar, sino impulsar a la economía y a la industria para que inviertan en tecnología para reducir su impacto al medio ambiente. Es un capítulo que todavía en Zacatecas no se ha aterrizado, pero ha habido grandes avances”, dijo el director general del Despacho Báez y Abogados, José Baez.

“No se trata solamente de implementar un impuesto para recaudar más, también tenemos un problema, hay una reparación de un daño que no se estaba contemplando porque la contaminación nos afecta a todos”, consideró el subsecretario de Medio Ambiente de Tamaulipas, Karl Heinz Becker.

No queremos hacer una renta ambiental, queremos que sea un instrumento económico para la reducción de las emisiones de GEI”, manifestó el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Antonio Del Prete.

Homologación

Actualmente no hay un precio homologado en el impuesto al carbono, es una tarifa que se fija según particularidades de cada entidad federativa, pues cada una tiene su propia intensidad de emisión.

La variación de los precios de este impuesto en el país va desde los 43 pesos en el caso del Estado de México hasta los 530 pesos para Querétaro.

Un impuesto al carbono es un instrumento que va a permitir ponerle un precio a las emisiones de GEI para incentivar el uso de tecnologías bajas en carbono y más eficientes. El fin es gravar los bienes o actividades según las emisiones que produzcan las empresas, explicó en el mismo evento el gerente de proyectos de MEXICO2, Gerardo Ramírez.

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