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Sufren atropello ?con autorización de un juez
Un abogado lidera a grupo de personas que se llevaron muebles de una oficina.
Tres sofás, 24 sillas, cinco archiveros, dos mesas ejecutivas, dos refrigeradores, un CPU del sistema de vigilancia y seis computadoras. Éstos son los bienes que un grupo de personas sustrajo de las oficinas de Inova Empresarial S de RL, y Mente y Tecnología SA de CV, ubicadas en la calle Liverpool, esquina con Berlín, en la colonia Juárez.
Los bienes sustraídos valen un poco más de medio millón de pesos. La forma en que los hechos ocurrieron es evidencia de que el Estado de Derecho sigue siendo una quimera. Un juez liberó una orden de embargo, a pesar de que otra autoridad judicial había establecido una suspensión. La orden de embargo emitida por el juez Joel Martínez González iba dirigida contra una empresa diferente a las que sufrieron la sustracción de sus bienes.
La diligencia de embargo fue conducida por un abogado privado, que ursupó las funciones de la actuaria, única facultada para conducir un proceso de embargo. El Economista pudo ver videos donde el abogado Alfonso Miguel Vázquez Cantell encabeza la operación de allanamiento.
Da órdenes a los cargadores y elige los bienes a levantar. Ésta no es la empresa que ustedes buscan , le explicaban, sin éxito, los empleados de Inova Empresarial y Mente y Tecnología.
En varias ocasiones le solicitaron al abogado y a la actuaria que revisaran la documentación. Éstos hicieron caso omiso.
Además, la intervención de Alfonso Miguel Vázquez Cantell, representante legal de uno de los litigantes, usurpó las funciones de la actuaria del Poder Judicial del Distrito Federal, al encabezar las acciones para sustraer los muebles y aparatos electrónicos, lo cual es considerado como violatorio de las leyes en la materia.
Una treintena de granaderos acompañó al abogado Vázquez Cantell y a un grupo de cargadores en su diligencia de sustracción. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública llegaron hasta el sexto piso del inmueble, a pesar de que el reglamento les prohíbe hacerlo, salvo en los casos en los que haya flagrancia o en situación de alto riesgo para los funcionarios que ejecutan una diligencia. No era el caso, conforme a los videos y testimonios a los que El Economista ha accedido.
Las empresas afectadas, Inova Empresarial S de RL, y Mente y Tecnología SA de CV, además de haber interpuesto sendas demandas ante el Ministerio Público, reiteraron su petición a las autoridades correspondientes de que se revise la determinación del juez Joel Martínez González, porque su orden de embargo originó las violaciones a las garantías individuales de los afectados.
