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Van vs funcionarios que autorizaron Dragon Mart
Pide al gobierno estatal y al de Cancún cancelar las autorizaciones concedidas al proyecto.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) solicitó que se investigue y suspenda temporalmente a los servidores públicos de su delegación federal en el estado de Quintana Roo, quienes participaron en las resoluciones administrativas de impacto ambiental otorgadas al proyecto Dragon Mart Cancún.
La institución federal informó que la petición fue enviada al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La Profepa informó que también pidió al gobierno de Quintana Roo y al ayuntamiento de Benito Juárez, Cancún, revisar todas y cada una de las autorizaciones otorgadas al proyecto comercial Dragon Mart Cancún, con el fin de constatar su legalidad y deslindar en función de sus atribuciones las responsabilidades legales correspondientes, al tiempo que solicita que inicien procedimientos administrativos para la revocación, modificación, suspensión o cancelación de las autorizaciones, permisos o licencias otorgadas al citado proyecto.
Se deslinda
El ex titular de la Secretaría de Medio Ambiente (Sema) en Quintana Roo, Raúl Omar González Castilla, se deslindó de toda responsabilidad en el otorgamiento de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) estatal al proyecto, al asegurar que la dependencia que otorgó los permisos fue el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (Inira).
En el 2012, González Castilla ocupaba la titularidad de Sema, que comprende al Inira; sin embargo, asegura que aunque él era el jefe del titular del Inira, este último es un órgano con autonomía de gestión independiente .
El permiso ambiental de carácter estatal que el Inira le otorgó al Dragon Mart evadió el hecho de que el predio El Tucán, de 562 hectáreas de extensión, donde se inició la construcción de este centro de exhibición permanente de mercancías chinas, contenía vegetación forestal, que es de jurisdicción federal.
El proyecto debió haber sido rechazado por el Inira y turnado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para analizar su viabilidad ambiental con criterios de orden federal; sin embargo, González Castilla reconoce que el Inira evaluó mal a Dragon Mart.
Dicho error le permitió a los promoventes de Dragon Mart evadir la exigencia de tramitar los permisos federales que en reiteradas ocasiones le exigieron diputados, asociaciones ambientalistas y sociedad civil. Incluso le permitió doblegar al ayuntamiento Benito Juárez, Cancún, para que éste le otorgara la licencia municipal de construcción.
Una mala inspección
Luego de dos años, la Profepa determinó mediante dos inspecciones físicas al predio El Tucán que Dragon Mart debió tramitar la MIA a nivel federal, y que nunca debió iniciar obra.
En días pasados, el titular de la Profepa, Guillermo Haro, dio a conocer que el organismo promueve ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dos juicios de lesividad para obtener la nulidad de las respectivas actuaciones, porque resultan cuestionables desde el punto de vista jurídico.
Además, reconoció que las anteriores supervisiones hechas al predio El Tucán del proyecto Dragon Mart fueron superficiales, omisas y con poco rigor técnico .
Dragon Mart, que sería construido en el municipio de Benito Juárez, incluía un complejo con 722 viviendas, 20 naves comerciales y 3,000 locales en 203.83 hectáreas.
