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Descartan afectaciones inmobiliarias en Quintana Roo por reforma a Ley de Expropiación

La AMPI sostuvo que en el marco de la implementación de esta nueva ley, también se trabajará en la elaboración de un reglamento.

Los proyectos de vivienda vertical que existen ya generan ventas por 12,400 millones de pesos al mes.

Los proyectos de vivienda en Quintana RooFoto EE; Cortesía

Cancún, QRoo.- La recién electa directiva de la Asociación Mexicana de Profesionles Inmobiliarios (AMPI), delegación Cancún, descarta afectación a las transacciones de bienes raíces en el estado por la reforma a la Ley de Expropiación aprobada recientemente por el congreso estatal.

La nueva directiva de AMPI-Cancún está encabezada por Karen Ramos como presidenta del organismo, además de un área jurídica de la que forma parte Alejandro Rabish, del área jurídica de AMPI, quien expuso lo siguiente sobre la reforma a la Ley de Expropiación:

“No es un tema de alarma porque muchas veces la ley no es lo que alarma, sino la forma en la que se transmite, hay que entenderla; las causales están apegadas a derecho y siguen basada en los principios de la ley de 1978, que es por causa de utilidad pública y una indemnización, además existen recursos para revocar esa expropiación”.

La referida reforma eleva de 11 a 26 las causales de utilidad públicas por las que el gobierno del estado puede expropiar tierra en el estado, lo cual ha abierto un debate sobre los alcances de la medida.

La secretaria estatal de Gobierno, Cristina Torres, aseguró que la Ley de Expropiación del Estado de Quintana Roo tiene como principal objetivo garantizar y proteger derechos ciudadanos, ya que clarifica los procedimientos expropiatorios y asegura compensaciones más justas.

Aclaró que, contrario a lo manifestado por voces discordantes, en el estado no hay proyectos expropiatorios en curso y que con la aprobación de la ley se actualiza un marco normativo notoriamente obsoleto, ya que databa del año 1978.

En el marco de la implementación de esta nueva ley, dijo, se trabajará en la elaboración de un reglamento que será construido con la participación y consenso de la ciudadanía.

Resaltó que, con la nueva ley, ahora la autoridad debe demostrar que la expropiación es la única opción viable y que el bien común justifica la afectación al propietario quien contara con un procedimiento claro de expropiación, asegurando una compensación justa.

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