Estados destinan 2.8 de cada 100 pesos de deuda a inversión productiva

Durante el 2024, los gobiernos estatales y municipales prefirieron adquirir deuda para refinanciamiento y cubrir necesidades de liquidez a corto plazo, antes que apostar por la inversión productiva. 

Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estados y municipios contrajeron financiamientos y obligaciones por un monto de 68,614 millones de pesos en todo el año pasado.

De este total, apenas 2.8% se destinó a inversión pública productiva, es decir, por cada 100 pesos de deuda contratados, 2.8 pesos tuvieron dicho destino.

El mayor porcentaje se dirigió a refinanciamiento, de 46.9%, cuya finalidad es “pagar deuda con más deuda” para obtener mejores condiciones de mercado, como una menor tasa de interés y un plazo de pago más largo.

Además, 33.7% se destinó a cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal, que es deuda de corto plazo a liquidar en menos de 12 meses, mientras 16.7% se consignó al binomio de refinanciamiento/inversión pública productiva, sin especificar el peso de cada uno.

“Es preocupante el hecho de que el año pasado los gobiernos estatales y municipales optaran por adquirir deuda para refinanciamiento y cubrir sus necesidades a corto plazo, antes que usarla para inversión productiva, dado que la deuda pública es un recurso más y una herramienta que puede usarse a favor o en contra, generalmente es satanizada porque se dice que siempre se usa para fines improductivos”, explicó Eufemia Basilio Morales, investigadora de Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

Añadió que la contratación de deuda puede incidir positivamente en el crecimiento y desarrollo económico, si se usa de manera eficiente y es bien dirigida, “esto es, justamente si se usa para fines productivos como la inversión. De este modo la deuda podría pagarse a sí misma, sin representar una carga”.

El destino de la deuda para ser positivo y multiplicador, reiteró Basilio Morales, deberá enfocarse en fines productivos, aunque dijo que se deben considerar otros factores, “muchos estados no generan ingresos propios, con lo cual se vuelve más difícil no recurrir a la deuda para solventar problemas de liquidez y refinanciar su propia deuda”.

“En ese sentido, debe pensarse en apoyar a los estados que no pueden generar ingresos propios para que lo hagan, y pensar en la deuda como una herramienta y no como una carga, siempre que se haga uso productivo, eficiente y transparente de ella”, indicó la investigadora de la UNAM.

Los mayores montos

Las entidades con el mayor monto de financiamientos y obligaciones contratados en el 2024 fueron Quintana Roo (19,839 millones de pesos), Nuevo León (12,280 millones) y Oaxaca (12,167 millones). En total, 14 entidades adquirieron deuda, de la cual 98.7% la contrajeron los gobiernos estatales.

De hecho, la apuesta de algunos estados al adquirir obligaciones financieras fue clara. Por ejemplo, en los gobiernos estatales de Baja California, Baja California Sur, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Durango, Guerrero y Sinaloa fue para cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal, como pago a proveedores, nómina, aguinaldos, etcétera.

En el caso de Quintana Roo, la totalidad fue para refinanciamiento; también en este estado, Solidaridad adquirió un refinanciamiento sin autorización. Para la Ciudad de México, se usó en el binomio refinanciamiento/inversión pública productiva, pero sin especificar el peso de cada rubro.

En Veracruz, fueros los municipios los únicos que contrataron deuda, cuyo destino único fue la inversión productiva; misma situación para los ayuntamientos de Oaxaca, aunque el gobierno estatal registró obligaciones para refinanciamiento.

Estabilidad financiera

Para el analista Héctor Magaña, este comportamiento evidencia que los estados y municipios están priorizando la estabilidad financiera a corto plazo sobre el desarrollo sostenible, lo cual puede tener consecuencias negativas para el crecimiento económico y el bienestar de la población a largo plazo, al no aprovechar la deuda como un motor de inversión productiva.

“La preferencia por refinanciar deuda existente para obtener mejores condiciones indica que las entidades enfrentan presiones para gestionar pasivos ya acumulados, en lugar de destinar recursos a proyectos que generen crecimiento económico a largo plazo. Esto puede ser positivo si realmente se obtienen mejores tasas de interés y plazos, pero refleja una falta de margen fiscal para invertir en infraestructura”, ahondó.

Recalcó que aunque el refinanciamiento puede ser una herramienta útil, incrementa el monto total de obligaciones financieras a futuro, que puede limitar aún más la capacidad de los gobiernos para invertir en proyectos a largo plazo, al destinar mayores recursos al servicio de la deuda.

“Lo preocupante es que solo el 2.8% está destinado a la inversión productiva. Esto significa que casi no se están canalizando recursos hacia proyectos que podrían estimular el crecimiento económico, generar empleo o mejorar infraestructura clave. La falta de inversión productiva puede frenar el desarrollo regional y perpetuar problemas estructurales como la desigualdad y la baja competitividad”, expuso el especialista.

Por su parte, el economista Kristobal Meléndez dijo que la mayor parte de obligaciones se da en refinanciamiento o corto plazo, debido a que los presupuestos de egresos estatales tienen poca holgura, “hay dilema de pagar deuda o hacer recortes presupuestarios”.

“La inversión productiva es baja debido a que hay tasas de interés elevadas en este momento. Se busca como estrategia la inversión extranjera directa o la inversión privada por medio de incentivos económicos”, concluyó.