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Comunidad LGBT+ vulnerable ante cobranza ilegítima
De las personas que pertenecen a la comunidad, 49% recibe amenazas por parte de despachos de cobranza sobre revelar su preferencia sexual a sus círculos cercanos.
En el país hay 2,000 reportes de intentos de fraude o extorsión a la comunidad LGBT+ registrados durante el 2022 y los primeros cinco meses del 2023, según cifras del Consejo Ciudadano. En total se han registrado 42,143 reportes de este tipo en contra de los despachos de cobranza.
Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano, detalló a El Economista que pese a existir una disminución en el número de reportes, delitos como cobranza ilegítima, que representa 45%, y amenazas, con 13% de los reportes, continúan siendo los principales modalidades de infracción.
“Las personas que pertenecen a la comunidad LGBT+ pueden ser vulnerables ante mecanismos de extorsión y cobranza ilegítima. Si bien en toda la población el estrés financiero y la falta de educación financiera son factores que agudizan estos delitos, quienes pertenecen a esta comunidad tienen la condición adicional de ser amenazados con exhibir su identidad en espacios donde ellos aún no lo han informado”, comentó.
De acuerdo con el Consejo Ciudadano, los jóvenes de 18 a 30 años son los principales afectados ante la cobranza ilegítima, ya que 49% de los reportes se encuentra en ese rango de edad.
Alejandro Ramírez, quien pertenece a la comunidad LGBT+, explicó que tras recibir una amenaza sobre la divulgación de información personal, llegó a sentir ansiedad ante la posibilidad de que su familia conociera su identidad sexual, ya que temía al rechazo por los estereotipos, muchas veces falsos, que existen alrededor de las personas homosexuales.
La cobranza extrajudicial, en la que se aplique el uso de violencia o la intimidación, ya sea personalmente o a través de cualquier medio, para requerir el pago de una deuda derivada de actividades reguladas en leyes federales, incluyendo créditos o financiamientos que hayan sido otorgados, es un acto ilegal. La sanción es de uno a cuatro años de prisión y multa de 50,000 a 300,000 pesos a quien lleve a cabo la actividad.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) es la institución encargada de brindar información y asesoría a los usuarios que presenten reclamaciones ante el Registro de Despachos de Cobranza (Redeco), además de brindar apoyo para presentar la declaración de los hechos ante la Fiacalía General de la República.
Guerrero Chiprés invitó a quienes son víctimas de cobranza ilegítima se acerquen a instituciones como el Consejo Ciudadano en donde pueden recibir apoyo psicológico y jurídico. No obstante, detalló que es necesario que se presente la queja ante los organismos correspondientes para acabar con las malas prácticas.
Cuando es cobranza ilegítima
Alan Ramírez, director de Coperva, empresa de cobranza regulada por Condusef, explicó que se considera una práctica de cobranza ilegítima desde el horario en el que se realizan las llamadas, ya que ninguna empresa puede realizar llamadas en un horario fuera de las ocho de la mañana a nueve de la noche.
Tampoco pueden mandar cartas o correos con leyendas en las que indiquen que los usuarios tienen 24 horas para realizar el pago con el fin de amenazar o poner en alerta; también se considera cobranza ilegítima intimidar con amenazas de embargo, al igual que tratar el tema con menores de edad o familiares que no sean avales.
"Cuando se nota esto es necesario hacer la denuncia y levantar una queja ante la Condusef, ésta canalizará la queja con la institución financiera que otorgó el crédito. Una acción recurrente es que las financieras retoman el caso y ofrecen opciones a los usuarios, mientras los afectados siguen el proceso de sanción con la empresa de cobranza", explicó Alán Ramírez.
