Claroscuros en la labor de la CICIG

Entrevista a Julio Ligorría, exembajador de Guatemala en EU

Lo rescatable de la operación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (CICIG) es que la sociedad guatemalteca ha digerido que la impunidad es un tema que no debe prevalecer y que la lucha contra la corrupción debe permanecer. Sin embargo, la presencia de este organismo ha propiciado que se haya convertido la administración de la justicia en un sofisticado campo de acción política, planteó Julio Ligorría.

En entrevista, el exembajador de Guatemala en Washington consideró que la intervención de la CICIG ha provocado que se soslaye algunos elementos del debido proceso.

En el 2006, el gobierno de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas (ONU) firmaron un convenio mediante el cual se creó la CICIG como organismo independiente de carácter internacional, cuyo objetivo era apoyar al Ministerio Público y otras instituciones del Estado guatemalteco.

La comisión intervino en más de 100 casos llevados ante tribunales nacionales y contribuyó a la identificación de más de 60 estructuras criminales complejas.

Sin embargo, el 7 de enero pasado, el presidente de ese país, Jimmy Morales, dio por terminado el convenio con la CICIG.

De acuerdo con Ligorría, el gobierno guatemalteco pidió al secretario general de la ONU, António Guterres, que sustituyera al comisionado Iván Velásquez Gómez, lo cual no ocurrió y propició que se adelantara la conclusión de la operación de la CICIG.

Ligorría dijo que esa situación generó mucha inestabilidad en Guatemala, “porque la polarización de derechas e izquierdas era algo que había quedado en el pasado, pero que ahora ha aflorado al formarse colectivo en favor y en contra de la CICIG”.

Violación al debido proceso

En su libro Guatemala frente al espejo, publicado en México por editorial Planeta, Julio Ligorría detalló que hasta mayo del 2018 los procesados, muchos de ellos con la medida excepcional de prisión preventiva por más de tres años, eran los siguientes: dos expresidentes, un vicepresidente, un presidente de la nación en ejercicio con solicitud de antejuicio, tres excandidatos presidenciales o vicepresidenciables, 19 altos funcionarios de gabinete, ministros y secretarios de estado, 24 diputados, cuatro magistrados, 12 militares de alto rango y 155 empresarios, entre otros.

El también consultor político, dijo que la comisión “obviamente ha hecho un buen trabajo de investigación”, pero que en muchos casos se ha violado el debido proceso.

“Se ha partido de la base de presunción de culpabilidad y se ha abandonado el derecho constitucional de la presunción de inocencia”, además de algunos aspectos procesales que han sido soslayados por los jueces. “A largo plazo, violentar el debido proceso va a tener costos muy altos para la sociedad guatemalteca”, agregó.

Denunció casos de satanización panificados por la CICIG con medios de comunicación, acusando a las personas, declarándolas culpables antes de que entren a los tribunales, lo cual ha polarizado a la sociedad.

“Nunca antes como en estos tiempos había sido tan evidente la prejudialización de casos, la intervención de algunos sectores del cuerpo diplomático, por ejemplo, en el entorno mediático, por un lado, y el sector económico del país, hasta el crimen organizado, por el otro”, aseguró.

El analista mencionó que, ahora que se dio por terminada la operación de la CICIG, lo importante es “cómo hacemos ahora como nación y como estado responsable para seguir fortaleciendo las instituciones del sector justicia, el Ministerio Público, las fiscalías, y continuar con las tareas contra la corrupción y el crimen organizado”.

En el citado libro plantea que “la justicia pasó de ser un instrumento para regular la convivencia social a convertirse en una poderosa herramienta política, cuya misión es allanar el camino a unos cuantos y valerse de un sistema cobarde y cooptado”.