Corte de EU invalida partes de Ley Arizona

Washington.- La Corte Suprema de Estados Unidos declaró constitucional que la policía del estado de Arizona (suroeste) pueda verificar la documentación de un sospechoso de ser inmigrante ilegal, aunque de forma provisional y en función de cómo sean aplicados esos controles.

La Corte decidió invalidar otras tres disposiciones de la ley conocida como SB 1070, aprobada por Arizona en 2010 y que provocó un agudo debate sobre las competencias en materia migratoria de los estados y del gobierno federal.

En una sentencia equilibrada, el más alto tribunal del país siguió el criterio del gobierno de Barack Obama en otras tres disposiciones de esa ley contra la inmigración ilegal, que fueron declaradas inconstitucionales.

Esas disposiciones son:

• La obligación de un inmigrante de presentar su documentación en regla
• La prohibición de trabajar o buscar un trabajo si la persona es un inmigrante indocumentado
• La detención sin motivo de cualquier persona sospechosa de ser clandestina.

ES UNA VICTORIA: BREWER

Jan Brewer, la gobernadora de Arizona, dijo que el fallo representa una victoria de la gente que cree en la responsabilidad de los estados para defender a sus habitantes.

El caso, afirmó, "siempre ha sido acerca de nuestro respaldo al estado de derecho. Eso significa todas las leyes, incluidas las que están tanto contra la inmigración ilegal como la etiquetación racial. Las agencias policiales serán responsabilizadas si esta ley fuese mal empleada de una forma que viole los derechos civiles de un individuo".

SIGUE "ETIQUETACIÓN RACIAL": ACTIVISTAS

Los grupos que defienden los derechos civiles y que impugnaron esta legislación debido al temor de que deriva en violaciones a dichos derechos dijeron que sus demandas seguirá en pie.

Incluso con las limitaciones que el máximo tribunal le impuso a Arizona, la verificación del estatus de inmigración sigue siendo "una invitación a la etiquetación racial", dijo Omar Jadwat, abogado de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU).

El gobierno de Obama presentó una demanda para bloquear la ley de Arizona poco después de que fue implementada hace dos años. Los tribunales federales se habían negado a permitir que las cuatro disposiciones clave entraran en vigor.

Cinco estados Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah han adoptado variantes de la ley de Arizona. Partes de dichas legislaciones también están suspendidas, a la espera del desenlace de este caso de la Corte Suprema.

El magistrado presidente John Roberts y los magistrados Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor coincidieron con las opiniones de su colega Kennedy.

Los magistrados Antonin Scalia y Clarence Thomas habrían permitido que todas las cláusulas impugnadas entraran en vigor. El magistrado Samuel Alito le habría permitido a la Policía arrestar a inmigrantes no autorizados que buscan trabajo y también que se hicieran arrestos sin necesidad de una orden judicial.

En comentarios desde la judicatura, Scalia describió sarcásticamente los planes que Obama anunció recientemente para facilitar que los hijos de inmigrantes no autorizados eviten ser deportados.

"El presidente dijo en una conferencia de prensa que el nuevo programa es 'lo correcto que hay que hacer' a la luz del fracaso del Congreso para aprobar la Ley de Inmigración, cuya revisión le propuso el gobierno. A lo mejor es así, aunque Arizona podría no estar de acuerdo", afirmó.

Pero decir, como dice la Corte, que Arizona contradice las leyes federales al implementar disposiciones de la Ley de Inmigración que el presidente rechaza poner en práctica es totalmente desconcertante", agregó Scalia.

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