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Ecuador demanda a México por dar asilo a exvicepresidente Jorge Glas y dichos de AMLO
La Cancillería de Ecuador dijo este lunes que demandó a México ante la Corte Internacional de Justicia por la concesión de asilo por parte de México al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.
La Cancillería de Ecuador dijo este lunes que demandó a México ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la concesión de asilo por parte de México al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.
Glas, condenado dos veces por corrupción y que ahora enfrenta nuevos cargos, fue arrestado este mes durante una redada policial en la embajada de México en Quito, donde vivía desde diciembre.
La redada generó críticas internacionales y México ya demandó a Ecuador ante la CIJ por el incidente.
Los representantes de Ecuador ante el tribunal de La Haya presentaron la demanda, dijo la Cancillería en un comunicado, "por las violaciones de México de una serie de obligaciones internacionales, por la conducta de ese país desde el 17 de diciembre de 2023".
La demanda también menciona declaraciones "injuriosas" del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, añadió el ministerio.
A partir de este martes la CIJ tiene previsto escuchar los alegatos de ambos países por el asalto de las fuerzas policiales de Ecuador a la embajada mexicana en Quito, tras una demanda del gobierno de México. Está previsto que esta semana se celebre en La Haya la audiencia sobre la demanda mexicana, en la que el miércoles Ecuador presentará su defensa.
México, en su propia demanda, presentada a principios de este mes, ha dicho que Ecuador violó el derecho internacional y un tratado de las Naciones Unidas sobre relaciones diplomáticas al llevar a cabo la incursión armada en su embajada.
Del lado de Ecuador, un tribunal ha dictaminado que aunque la controvertida detención de Glas fue ilegal éste debe permanecer en prisión, donde se encuentra por el momento, debido a sus condenas anteriores. Su equipo jurídico ha anunciado que recurrirá esta decisión.
El exvicepresidente enfrenta actualmente cargos de malversación de fondos recaudados para ayudar a la reconstrucción de la provincia costera de Manabí tras el devastador terremoto de 2016.
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