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Geopolítica

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Ecuador rechaza petición de México para otorgar salvoconducto al exvicepresidente Jorge Glas

México ha elevado dicha solicitud invocando el acuerdo suscrito en Suiza en junio para salvaguardar sus intereses en Ecuador tras la ruptura de las relaciones bilaterales

Gabriela Sommerfeld, Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República del Ecuador. Foto: X (@CancilleriaEc)

Gabriela Sommerfeld, Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República del Ecuador. Foto: X (@CancilleriaEc)

Ecuador ha rechazado este martes una petición de México para otorgar un salvoconducto al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien fue detenido a principios de abril tras la irrupción de las fuerzas de seguridad en la Embajada mexicana en Quito.

Para Ecuador resulta jurídicamente evidente que no es lícita la concesión de asilo diplomático al señor Jorge David Glas Espinel. En consecuencia, el Ecuador reitera que no otorgará salvoconducto alguno", ha indicado el Ministerio de Exteriores ecuatoriano en un comunicado recogido por el diario 'El Universo'.

Esto se produce después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México pidiera que Glas fuera "entregado y trasladado a un tercer país" de conformidad con la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 firmada en Caracas.

México ha elevado dicha solicitud invocando el acuerdo suscrito en Suiza en junio para salvaguardar sus intereses en Ecuador tras la ruptura de las relaciones bilaterales. "Se ha solicitado igualmente que, en tanto se emite el referido salvoconducto, se tomen las medidas humanitarias necesarias para que Glas Espinel sea excarcelado y custodiado en un lugar seguro", señaló.

La Policía de Ecuador ingresó por la fuerza en la Embajada mexicana en Quito a comienzos de abril para cumplir con la orden de detención contra el exvicepresidente Glas (2013-2017), acusado de corrupción. México había confirmado poco antes de la operación policial que le brindaría asilo político.

Las autoridades de Ecuador acusan al exvicepresidente de un supuesto delito de malversación de bienes públicos por los trabajos de reconstrucción en la provincia de Manabí tras el paso de un fuerte terremoto en el año 2016, que dejó más de 670 muertos.

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