Amnistía Internacional ve crímenes de lesa humanidad

Ciudad de México. Las prácticas de represión contra la población civil ejecutadas por el gobierno de Venezuela podrían constituir crímenes de lesa humanidad, alertó Amnistía Internacional (AI) en un informe en el que pide a la Corte Penal Internacional ampliar sus investigaciones sobre el país suramericano.

Ejecuciones extrajudiciales, muertes por uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y masivas son algunos de las prácticas detectadas por Amnistía Internacional, reportadas en su informe Hambre de Justicia: Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela, presentado en Ciudad de México.

Llamado urgente al mundo

Esos procedimientos “configurarían crímenes de lesa humanidad por formar parte de una estrategia de ataque sistemático y generalizado, en contra de personas consideradas disidentes”, ejecutados por “agentes estatales o terceros que contaron, como mínimo, con la aquiescencia o consentimiento” de funcionarios, indicó la organización con sede en Londres.

“Como hemos denunciado desde hace años, en Venezuela hay una política sistemática de represión en contra de personas opositoras o quienes son percibidas como tales simplemente por el hecho de protestar, y por la que el gobierno de Nicolás Maduro tendrá que rendir cuentas ante la justicia internacional”, señaló Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Hacemos un llamado urgente a todos los estados para que demuestren su respaldo inequívoco a las víctimas de estos hechos y no dejen impunes estos crímenes. La comunidad internacional no puede dar la espalda a las víctimas de esta crisis sin precedentes, tanto dentro como fuera de Venezuela”, añadió Guevara.

El informe destaca las manifestaciones que ocurrieron justo del 21 al 25 de enero del 2019.

Sólo en esos días, al menos 47 personas murieron en 12 de los 23 estados del país en el contexto de las protestas, “todas por heridas de bala”.

Y al menos 39 de estas personas “murieron a manos de las fuerzas de seguridad, o de terceros que actuaron con su consentimiento” durante las manifestaciones, prosiguió la organización de defensa de los derechos humanos.

Alusión a López Obrador

“Que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no olvide que también tiene una responsabilidad compartida de proteger los derechos humanos de los venezolanos en el país y de aquellos que se encuentran en necesidad de protección internacional. Tiene que haber una manifestación clara que condene las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en Venezuela”, comentó Guevara.

Más de 3.7 millones de venezolanos han dejado el país; de ellos, unos tres millones se encuentran en países de América Latina y el Caribe.

Dictadura impide sesión del Parlamento

Caracas. Decenas de guardias nacionales y policías con escudos antimotines se apostaron el martes en la Asamblea Nacional de Venezuela y sus alrededores e impidieron el paso de los congresistas opositores, lo que obligó a suspender la sesión.

La toma del palacio legislativo se produjo horas después de que unos 15 miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional —la policía política— ingresaron al edificio para buscar un supuesto artefacto explosivo, indicó Roberto Campos, miembro de la Subsecretaría de la Asamblea Nacional, en su cuenta de Twitter.

Al condenar la acción de las fuerzas de seguridad, el líder opositor Guaidó denunció que “intentan secuestrar el Poder Legislativo”. Sin mencionar al presidente Nicolás Maduro, el jefe del Congreso se refirió al mandatario como “dictador” e indicó en su cuenta de Twitter que “cobarde como es, hace que su banda de persecución política amenace ya no sólo a los diputados electos por el pueblo, sino también a los trabajadores”.

El congresista opositor Jorge Millán dijo a la prensa que la acción de las fuerzas de seguridad impidió a la Asamblea Nacional sesionar e indicó que Guaidó convocará a otra sesión para mañana.

Caza de diputados

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela abrió procesos judiciales a otros cuatro diputados opositores con lo que se elevó a 14 la cifra de congresistas sujetos a enjuiciamiento.

El máximo tribunal informó en un comunicado que inició procesos contra Carlos Paparoni, Miguel Pizarro, Franco Casella y Winston Flores por los delitos de “traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes”.

Todos los congresistas procesados son señalados de acompañar a Juan Guaidó durante el fracasado alzamiento militar.