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Geopolítica

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España dejará a sus 17 comunidades asumir responsabilidades de restricciones contra Covid-19

El gobierno español anunció que el 19 de mayo próximo cederá la responsabilidad de frenar los contagios de Covid-19 a las 17 comunidades autónomas del país cuando expire el estado de alarma.

La alerta sanitaria en España expirará el 19 de mayo próximo. Foto: Reuters

La alerta sanitaria en España expirará el 19 de mayo próximo. Foto: Reuters

El Gobierno español traspasará la responsabilidad de las restricciones para frenar los contagios de coronavirus a las 17 comunidades autónomas del país cuando expire el estado de alarma la próxima semana, según ha declarado el martes la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

El decreto estado de alarma de seis meses, que proporciona un marco legal para las medidas más restrictivas ante la pandemia, expira el domingo.

Las autoridades autonómicas podrán entonces establecer toques de queda y confinar zonas, pero deberán conseguir el apoyo de los tribunales locales, dijo Calvo.

"Las comunidades autónomas pueden justificar, argumentar, proponer y decidir situaciones como el toque de queda o los confinamientos, claro que lo pueden hacer, pero están sometidas como es lógico a la autorización judicial correspondiente", dijo la ministra en una rueda de prensa.

Si un tribunal local rechaza las medidas propuestas por un Gobierno regional, podría recurrir al Tribunal Supremo, que sentaría precedentes aplicables a todas las comunidades.

Sin el estado de alarma, las autoridades españolas no tienen la prerrogativa de suspender libertades civiles como la libertad de movimiento o de reunión. Las comunidades con altos índices de infección, como el País Vasco, han pedido al Gobierno que lo prorrogue.

No está claro qué decidirán hacer las diferentes autonomías ahora que se les ha otorgado la responsabilidad ni cómo fallarán los tribunales locales.

Sin embargo, el Gobierno central ha decidido prorrogar hasta el 9 de agosto la protección de los propietarios de viviendas contra la ejecución hipotecaria si no pueden hacer frente a sus pagos y contra el corte de los suministros de electricidad y agua si no se pagan las facturas de los servicios públicos.

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