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Fiscal general de Brasil solicita levantar secreto de las delaciones de Odebrecht
La Fiscalía de Brasil no divulgó la identidad de los sospechosos ni los hechos que se les adjudican, porque los expedientes se encuentran bajo secreto de sumario. Pero por tratarse de un pedido al Supremo Tribunal Federal, en cada solicitud hay involucrado por lo menos un político con fuero privilegiado, como ministros y legisladores.
El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, solicitó la apertura de 83 investigaciones contra políticos con fuero en el marco del escándalo de corrupción en Petrobras, a partir de las confesiones de exejecutivos de Odebrecht.
Janot envió los pedidos al Supremo Tribunal Federal (STF), "con base en los acuerdos de delación premiada firmados con 77 ejecutivos y exejecutivos de las empresas Odebrecht y Braskem", filial petroquímica de la constructora, precisó la Fiscalía en un comunicado.
El organismo no divulgó la identidad de los sospechosos ni los hechos que se les adjudican, porque los expedientes se encuentran bajo secreto de sumario. Pero por tratarse de un pedido al STF, en cada solicitud hay involucrado por lo menos un político con fuero privilegiado, como ministros y legisladores.
También podrían figurar en la misma causa personas sin fuero, pero estrechamente relacionadas con los delitos investigados, indicó una portavoz del Ministerio Público Federal (MPF).
El MPF pidió además abrir otras 211 investigaciones por instancias que tratan de denuncias contra personas sin fuero.
Algunos testimonios filtrados en los últimos meses a la prensa apuntan directamente a integrantes de la cúpula del PMDB, el partido del presidente conservador Michel Temer, quien asumió el poder en el 2016 después de que el Congreso destituyera a la mandataria de izquierda Dilma Rousseff.
Tensión en el Congreso
El poder de daño de la delación genera tensiones en el Congreso de Brasil, que concentra su atención en distintas iniciativas para amnistiar delitos ligados a la financiación de campañas y relega a segundo lugar las tentativas del gobierno de apurar una espinosa reforma de las jubilaciones.
Con la economía sumergida en la peor recesión de la historia, Temer sostiene que su prioridad es sacar al país de la crisis y crear empleos. Pero las filtraciones de algunas delaciones de Odebrecht lo salpican directamente, junto a varios de sus principales asesores.
Después de aclarar que no pretende "blindar" a ningún miembro de su gobierno de la investigación Lava Jato, el mandatario afirmó recientemente que los ministros mencionados en las investigaciones solo serán suspendidos y que esperará a que sean formalmente inculpados para removerlos de sus cargos. Una etapa del proceso que puede demorar en llegar.
Desde que reemplazó a Rouseff en mayo del 2016, Temer ya perdió a seis ministros por causas vinculadas a la Operación Lava Jato.
Quien determina la apertura de las investigaciones es el juez del STF Edson Fachin, encargado de este caso en la máxima corte del país.
Levantar secreto
El STF debe decidir ahora si hay elementos para abrir las investigaciones solicitadas, que pueden conducir a formular las denuncias correspondientes.
En su pedido, Rodrigo Janot solicitó a la Corte Suprema levantar el secreto de todo el material, para "promover la transparencia y garantizar el interés público".
Unos 116 fiscales tomaron más de 950 declaraciones judiciales a los delatores de la constructora. Las comparecencias fueron filmadas.
El material que incluye unos 500 GB de archivos digitales será divulgado cuando lo ordene el juez Fachin.
Hasta que esto ocurra, los testimonios y documentos permanecerán en una "sala-cofre" de la corte, a la que "sólo funcionarios autorizados tienen acceso", informó la asesoría del tribunal.
La Operación Lava Jato, lanzada hace tres años, destapó una trama de corrupción en la estatal Petrobras, expoliada por políticos y constructoras para financiar campañas y enriquecer a políticos. Los desvíos de fondos públicos superaron los 2,000 millones de dólares.
Las condenas ya dictadas en primera instancia por la Justicia (que juzga a personas sin fuero privilegiado) suman ya más de 1,300 años de cárcel.
