Honduras, con un pie fuera de la crisis

Tegucigalpa.- El Gobierno de facto y el depuesto presidente Manuel Zelaya se preparan para sellar un acuerdo que allana el camino a la vuelta al poder del mandatario, y pone fin a una crisis que mantuvo dividido y candente al empobrecido país centroamericano por cuatro meses.

Bajo presiones de Estados Unidos -el mayor socio comercial de Honduras-, los bandos rivales llegaron a última hora del jueves a una salida para resolver la crisis tras el golpe de Estado de junio que derrocó a Zelaya. El pacto era necesario para que la comunidad internacional reconozca los comicios presidenciales del 29 de noviembre.

El Gobierno de facto encabezado por el empresario Roberto Micheletti, nombrado por el Congreso luego de que los militares expulsaran a Zelaya del país a punta de pistola, cedió tras meses de rechazo a la posibilidad de que el depuesto líder vuelva al poder.

"Estoy contento por el resultado, el final lo va protagonizar el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia y los otros organismos del Estado. Estoy completamente seguro que esto va traer paz si hubo sinceridad en el momento de firmar", dijo Micheletti a la radio HRN.

Con este acuerdo, el Congreso será el que decida o no la restitución de Zelaya. Y la Corte Suprema, que había ordenado a los militares derrocar a Zelaya bajo supuestos cargos de violar la Constitución, sólo entregará una opinión.

"Los diputados son independientes, ellos toman sus propias decisiones (...) son gente que anhela que podamos vivir en paz y en tranquilidad y (...) queremos ir a elecciones el próximo 29 de noviembre", sostuvo el presidente de facto.

Tras el golpe de Estado, Zelaya, refugiado en la embajada brasileña en Tegucigalpa desde su regreso clandestino hace un más de un mes, había intentado volver a la presidencia con el apoyo de la comunidad internacional, en medio de protestas de sus partidarios que dejaron algunos muertos.

Pero, la férrea postura del Gobierno de facto de ni siquiera considerar la vuelta del mandatario cedió ante las presiones de Estados Unidos, que envió a un equipo liderado por el secretario adjunto para asuntos del Hemisferio Occidental de Washington, Thomas Shannon, para ayudar a zanjar la cuestión.

El acuerdo también implica la renuncia de Zelaya a cualquier intento de reforma de la Constitución para permitir la reelección presidencial, lo que junto a su simpatía por el mandatario venezolano, Hugo Chávez, detonó su derrocamiento.

En manos del Congreso

El Congreso tendrá ahora en sus manos el destino de Zelaya, que tiene que convocar a sesión para tratar el tema después de que se termine de firmar el acuerdo en su totalidad.

El rol decisivo podría jugarlo la mayor agrupación opositora, el Partido Nacional, que tiene la segunda mayoría en el parlamento unicameral.

El Partido Nacional responde al candidato que lidera las encuestas para las elecciones de noviembre, Porfirio Lobo, que dijo que respetaría el resultado de un acuerdo y además necesita que Zelaya retome su mandato para que la comunidad internacional reconozca las elecciones y él gane legitimidad como eventual mandatario.

"Están ya preparados (los candidatos) en la recta final de este proceso electoral y que para que tengan legitimidad y para que tengan validez ante la comunidad internacional y ante el pueblo hondureño se requiere la restauración de la soberanía popular a través del retorno del presidente", dijo a una radio mexicana Rasel Tomé, asesor de Zelaya.

El acuerdo, que todavía está siendo revisado por negociadores en sus últimos puntos, también contempla que las partes pidan la derogación de sanciones que la comunidad internacional impuso al país tras el golpe, y el reconocimiento de las elecciones presidenciales que se realizarán en un mes.

Si Zelaya es restituído, su mandato se acabará el 29 de enero, cuando pase el testigo a su sucesor.