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Nueva base de datos en EU para seguimiento disciplinario de agentes federales
Como parte de un esfuerzo para reforzar la transparencia en la aplicación de la ley, el Departamento de Justicia de EU ha creado una base de datos centralizada de informes y procedimientos disciplinarios de agentes federales.
La iniciativa, impulsada por un decreto presidencial, responde a la necesidad de mayor transparencia tras casos como el de George Floyd. Foto EE: Archivo
El Departamento de Justicia de Estados Unidos lanzó este lunes una base de datos que centraliza los informes y procedimientos disciplinarios de todos los agentes federales con el fin de intentar recuperar la confianza de la población.
La creación de esta base de datos interna es el resultado de un decreto firmado en mayo de 2022 por el presidente Joe Biden, simbólicamente en el segundo aniversario del asesinato de George Floyd a manos de un policía local.
Limitaciones de la base de datos y llamado a la acción del Congreso
Como no se aplicará a los policías de cada Estado ni a las fuerzas de seguridad locales, Biden pide en un comunicado al Congreso que "adopte la ley George Floyd sobre la justicia en el mantenimiento del orden", de modo que se haga extensible a todos.
Asesinato de George Floyd
Floyd, un hombre negro, murió asfixiado en 2020 por la presión de la rodilla de un policía blanco sobre su cuello. El video de su calvario dio la vuelta al mundo y desató una movilización contra el racismo y la violencia policial.
"La protección de la seguridad pública depende de la confianza entre los departamentos de policía y las comunidades para las que trabajan", dijo Biden.
Detalles operativos y acceso a la base de datos
La base de datos, a la que sólo podrán acceder los jefes de los servicios afectados y algunos departamentos del Ejecutivo, deberá estar terminada en un plazo de dos meses, es decir, antes del 16 de febrero de 2024.
El expediente de cada agente incluirá cualquier elemento de cada una de las seis categorías de incumplimiento de sus obligaciones definidas por el decreto, precisó el Departamento de Justicia.
Entre ellas se incluyen condenas penales, sentencias civiles, despidos, suspensiones, dimisiones o jubilaciones bajo investigación, así como denuncias reiteradas o acciones disciplinarias por "faltas graves", según la misma fuente.
