ONU pide a Ortega que libere 173 presos

Ginebra. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció el continuo deterioro de la situación en Nicaragua bajo el gobierno de Daniel Ortega, con detenciones arbitrarias, persecución, cierre de oenegés y un masivo exilio forzado de nicaragüenses.

En un discurso en la 50 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Bachelet precisó que, según fuentes de la sociedad civil, 173 personas están detenidas en relación con la crisis política que estalló con las protestas opositoras de 2018, cuya represión dejó unos 320 muertos.

"Hago propicia esta ocasión para reiterar mi pedido a las autoridades competentes de asegurar la inmediata liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente y garantizar su integridad", aseguró Bachelet, al denunciar condiciones de reclusión deplorables.

Acoso a sacerdotes

Bachelet, que actualizó su informe sobre la situación en Nicaragua en los últimos tres meses, denunció que desde mayo pasado "la policía ha reanudado el acoso contra sacerdotes católicos, siguiéndolos e intimidándolos persistentemente".

Aseguró, además, estar muy preocupada por la dramática reducción del espacio cívico en el país centroamericano.

El gobierno de Nicaragua ha cancelado la personalidad jurídica de "388 organizaciones desde inicios de este año, lo que arroja un total de al menos 454 desde noviembre de 2018" y a por lo "menos 12 universidades", precisó.

Las organizaciones canceladas son acusadas de violar la ley general de regulación y control de organismos sin fines de lucro por no reportar sus informes financieros.

Aseguró que "el número de nicaragüenses que abandonan el país está aumentando a cifras sin precedentes", incluso mayores a las registradas en la década de 1980, cuando Nicaragua vivía una guerra civil.

Ortega, se hace la víctima

"En los últimos ocho meses, la cantidad de refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses en Costa Rica se ha duplicado, alcanzando los 150,000", y los interceptados en las fronteras de Estados Unidos registraron "un incremento inédito", de "3,164 a septiembre de 2020 a 92,037 a abril de 2022".

Bachelet expresó su preocupación ante indicios de que el gobierno "busca profundizar la represión de voces críticas" y reiteró su demanda de permitir al personal de su Oficina visitar el país.