Procurador de Brasil responde a críticas por acuerdo con delatores

El Procurador General de la República, Rodrigo Janot, rebatió las críticas al acuerdo de delaciones premiadas que firmó con los dueños de JBS, Joesley y Wesley Batista, en un artículo publicado en el sitio del proveedor de servicios de internet brasileño UOL.

Según un reportaje de Valor Económico, la delación relámpago de los hermanos Batista recibió el calificativo de "ultrapremiada" por empresarios y abogados criminalistas, dado que los delatores obtuvieron beneficios inéditos desde el inicio de la Operación Lava Jato. Joesley y Wesley consiguieron, por ejemplo, la garantía de inmunidad para investigaciones en marcha y fueron autorizados a permanecer fuera de Brasil.

La libertad concedida a los empresarios propietarios de JBS despertó críticas, y las sospechas de que pudieron haber obtenido beneficios ilícitos con la denuncia, al comprar dólares y al vender acciones de JBS en la bolsa antes que las informaciones se hicieran públicas, lo que incrementó las críticas.

En el artículo publicado el martes pasado, Janot señala que, "aunque los beneficios puedan ahora parecer excesivos, la alternativa habría sido mucho más lesiva a los intereses del país, pues jamás sabríamos de los crímenes que continuarían dañando a los honrados ciudadanos brasileños, no conoceríamos las andanzas del diputado con su maleta de dinero, ni las confabulaciones de destacado senador o la infiltración criminal en el MPF , afirma Janot. Como Procurador General de la República, no tuve otra alternativa que conceder el beneficio de la inmunidad penal a los colaboradores".

A continuación, el texto íntegro:

"Crímenes graves": sin el acuerdo de delación de los hermanos Batista, el país sería afectado aún más

Rodrigo Janot

Tres años después de que detonó la Operación Lava Jato, con todos los despliegues que se sucedieron, es difícil concebir que algún hecho nuevo fuera capaz de probar tan intensamente los límites de las instituciones. Pero el guión de la vida real es sorprendente.

En abril de este año, fui buscado por los hermanos Batista. Me mostraron indicios consistentes de crímenes en marcha voy a repetir: crímenes graves en ejecución , practicados, en principio, por un senador de la República y por un diputado federal.

Los colaboradores, sin embargo, tenían otros hechos graves a revelar. Corrompieron a un procurador en el Ministerio Público Federal. Presentaron grabaciones de conversaciones con el presidente de la República, en una de las cuales se narraban diversos crímenes supuestamente destinados a turbar las investigaciones de la Operación Lava Jato.

Además de esos hechos aterradores, fueron presentadas decenas de documentos e informaciones concretas sobre cuentas bancarias en el exterior y los pagos de sobornos que involucran a casi dos mil figuras políticas.

Aún ante tales revelaciones, el foco del debate fue sorprendentemente desvirtuado. De la cuestión central el estado de putrefacción de nuestro sistema de representación política , la opinión pública fue conducida al punto secundario del problema los beneficios concedidos a los delatores.

¿Cuánto vale para la sociedad el saber que la principal opción presidencial del 2014, mientras criticaba la corrupción de sus adversarios, recibía sobornos del sistema que aparentaba combatir y aún tramaba en la clandestinidad la obstrucción de las investigaciones?

¿Hasta dónde el país estaría dispuesto a ceder para investigar la razón por la cual el presidente de la República recibe, a las 11 de la noche, fuera de la agenda oficial, en su residencia, a una persona investigada por varios crímenes, para sostener con ella un diálogo nada republicano?

¿Qué juicio haría la sociedad del MPF si los demás hechos criminales presentados, como las cuentas bancarias en el exterior proporcionadas a dos ex-presidentes, fueran simplemente ignorados?

Fueron las preguntas que debí responder en la soledad de mi cargo. La gravedad del momento, sin embargo, me hizo comprender claramente que ya tenía las respuestas desde hace por lo menos treinta y dos años, cuando dije sí al Ministerio Público y juré defender las leyes y la Constitución del país.

Aunque los beneficios puedan ahora parecer excesivos, la alternativa habría sido mucho más lesiva a los intereses del país, pues jamás sabríamos de los crímenes que continuarían dañando a los honrados ciudadanos brasileños, no conoceríamos las andanzas del diputado con su maleta de dinero, ni las confabulaciones de destacado senador o la infiltración criminal en el MPF.

Como Procurador General de la República, no tuve otra alternativa que conceder el beneficio de la inmunidad penal a los colaboradores, apoyándome en tres fuertes premisas:

• la gravedad de los hechos, corroborados por pruebas consistentes que me fueron presentadas;
• la certeza de que el sistema de justicia criminal jamás llegaría a todos esos hechos por los caminos convencionales de investigación
• la situación concreta de que, sin ese beneficio, la colaboración no sería completada y, por lo tanto, todas las pruebas serían descartadas.

Para los que creen que salió barato [a los hermanos Batista], anoto las siguientes consideraciones poco conocidas: en el acuerdo de clemencia, el MPF que actúa en el primer grado propuso:

• el pago de una multa de 11,000 millones de reales (3,358 millones de dólares);
• las sanciones de la Ley de Improbidad y de la Ley Anticorrupción aún están pendientes;
• en lo que se refiere a las operaciones sospechosas en el mercado de cambio, no están comprendidas por el acuerdo y los colaboradores permanecen sujetos a enfrentar sanciones penales por ello
• la colaboración comprende más que los audios cuestionados.

Sin jactancia y a pesar de las opiniones contrarias, estoy plenamente convencido de que tomé, en este delicado caso, la decisión correcta, motivado sólo por el deseo de cumplir bien mi deber y de servir fielmente al país.

Finalmente, si hubiese rechazado el acuerdo, los delatores continuarían circulando en el mundo real por las calles de Nueva York hasta que los crímenes prescribieran, sin pagar un céntimo a nadie y sin revelar nada, lo que, de hecho, era usual en Brasil hasta hace poco tiempo.

Rodrigo Janot, Procurador General de la República.