Se promueve huelga general contra Macri por su Ley Antidespidos

Líderes sindicales argentinos promueven la primera huelga general en contra del presidente Mauricio Macri, quien la víspera vetó una Ley Antidespidos que había sido aprobada en el Congreso.

Las centrales gremiales realizaron una marcha masiva el pasado 29 de abril en repudio a los despidos masivos en los sectores público y privado, que han afectado por lo menos a 150 mil trabajadores desde que Macri asumió el pasado 10 de diciembre.

La movilización unió en las calles, por primera vez en 15 años, a las organizaciones sindicales más importantes del país, que componen las diversas fracciones de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA).

Pablo Michelli, dirigente de una de las fracciones de la CTA, advirtió que la única respuesta posible al veto presidencial es un paro general, pero admitió que la medida debe ser consensuada con el resto de las organizaciones.

El veto es legal, pero no legítimo; los trabajadores quieren y necesitan esa ley para garantizar sus fuentes de empleo, por eso la respuesta debe ser inmediata , dijo.

En el mismo sentido se pronunció Hugo Yasky, líder del otro sector de la CTA, quien aseguró que no hay ninguna duda de que habrá una huelga general en respuesta a la arrogancia del presidente.

Sin embargo, todavía falta la definición de Hugo Moyano y Antonio Caló, dirigentes de otros sectores de la CGT que no habían descartado un paro nacional, pero que han mantenido silencio luego de que Macri vetara la ley.

La oposición en la Cámara de Diputados, encabezada por el kirchnerismo, aprobó la víspera el proyecto que prohíbe los despidos durante 180 días, y que obliga a las empresas a entregar una doble indemnización en caso de que eche a algún trabajador.

Aunque Macri se comprometió a gobernar con base en consensos y a respetar la división de poderes, advirtió que vetaría esta norma aun antes de que fuera discutida por los diputados, y culpó a la expresidenta Cristina Fernández de apoyar la ley.

Según el mandatario, la norma desalienta inversiones.

El presidente vetó la ley apenas un día después de que fuera aprobada, y ahora está sumido en una estrategia de control de daños para evitar que las repercusiones de su decisión debiliten al gobierno.