Ley del Mercado de Valores: Conoce los beneficios de la reforma para las pymes

Ante la inminente publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la Regulación Secundaria derivada de la reforma a la Ley del Mercado de Valores marca un acontecimiento importante en el financiamiento empresarial en México. 

Álvaro García Pimentel Caraza, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) en entrevista con El Economista, explica cómo esta legislación transformará el panorama financiero del país al abrir el acceso al financiamiento institucional para pequeñas y medianas empresas (pymes).

Por primera vez en la historia del país, la reforma introduce un esquema de financiamiento democrático para pymes a través del mercado de valores, un modelo que pocas economías en América Latina, Asia y Europa han implementado.

Según García Pimentel, esta medida será clave para que más del 66% de las empresas formalmente constituidas, que actualmente no tienen acceso a financiamiento institucional, encuentren un canal viable para su desarrollo.

“La Inscripción Simplificada permite a las empresas listar acciones o deuda en las bolsas mexicanas en solo cuatro semanas, comparado con los 18 meses del proceso previo. Esto no solo reduce costos, sino también barreras administrativas”, detalló el presidente de la AMIB.

Impacto positivo

La reforma tiene el potencial de beneficiar a las pymes con financiamientos que van de 100 millones a 10,000 millones de pesos, utilizando esquemas con tasas de interés competitivas, plazos más largos y requisitos de garantía accesibles. Además, permitirá a México aprovechar las oportunidades que ofrecen el T-MEC y el nearshoring, mientras incrementa la formalización de empresas y, en consecuencia, la recaudación fiscal.

Dijo que “el liderazgo del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, fue crucial para concretar esta reforma”, comentó García Pimentel. “Su experiencia en el sector financiero y su compromiso con el crecimiento económico del país lograron alinear intereses políticos y empresariales”.

Explicó que en la Comisión Ejecutiva del CCE, de la que AMIB es miembro, “estamos convencidos que esta reforma llevará a las pymes aobtener financiamiento mucho más competitivo que el que hoy reciben de fuentes informales, lo que impulsará fuertemente el crecimiento de todas las empresas y, de alguna manera, ayudará a estimular la formalización de las empresas que hoy en día no lo están”.

Perspectivas

Una de las innovaciones más destacadas es que las Casas de Bolsa y las Bolsas de Valores serán las responsables de garantizar que las empresas cumplan con los requisitos legales para listarse, eliminando cuatro pasos del proceso tradicional. Esto no sólo acelera el acceso al financiamiento, sino que también crea un entorno más atractivo para la inversión local y extranjera.

Por otro lado, la regulación fomenta proyectos empresariales con criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza), alineados con las expectativas de los inversionistas institucionales y calificados, quienes ahora tendrán acceso a un portafolio más diverso y sostenible.

Con este marco normativo, “el Mercado de Valores mexicano avanza hacia un futuro más equitativo y dinámico, posicionándose como un motor clave para el desarrollo económico del país. La apertura de nuevos canales de financiamiento no solo beneficia a las empresas, sino también a los trabajadores e inversionistas que confían en el potencial de un México más competitivo y sostenible”, concluyó el presidente de la AMIB.

¿Cuáles son los beneficios de la Inscripción Simplificada de Valores en el RNV por emisoras simplificadas?

• Permite a las empresas que no tienen acceso al financiamiento institucional, financiarse en el mercado bursátil con menores costos y tiempos de colocación, igual que en los esquemas REG S/144 A de Estados Unidos.

• Impulsar su crecimiento y competitividad a través de mejores esquemas de financiamiento (tasas, plazos y garantías).

• Mayor financiamiento con nuevos participantes locales y extranjeros.

• Fortalecer la certeza jurídica para los inversionistas institucionales y calificados