Bonos verdes deben ser más transparentes

Hasta hoy, en México no se ha detectado, denunciado o evidenciado un caso de greenwashing en el mercado de bonos verdes y sustentables, aseguraron especialistas.

Este mercado crece año con año en México. Desde su surgimiento en el 2015, se han lanzado 128 ofertas y se ha canalizado financiamiento por 644,428 millones de pesos, hasta el primer trimestre de este 2023 mediante la emisión de bonos temáticos (llámense verdes, sociales, sustentables o vinculados a la sostenibilidad), de acuerdo con datos del Consejo Mexicano de Finanzas Sustentables.

En lo que va del año, se han emitido 93,412 millones de pesos. Los bonos soberanos sustentables han tenido la mayor participación con el 56% de los recursos obtenidos, seguido por los bonos sustentables con el 17% y los bonos ligados a la sostenibilidad con el 14 por ciento.

Con estos recursos financiando iniciativas que demuestren beneficios ambientales y sociales no se ha detectado algún caso en el que los emisores hayan cometido fraude, al engañar a los inversionistas, diciendo que su proyecto es “verde” o tiene beneficios reales al ambiente o a la sociedad cuando en la realidad no es así. Especialistas explican ¿por qué?

“Hasta ahora, no hemos visto algún tipo de greenwashing porque los emisores trabajaron ‘bastante’ en ver qué proyectos se pueden financiar que realmente tengan ese beneficio ambiental o social, son entidades que estudiaron bastante y que han estado realmente comprometidos con la sostenibilidad en términos ambientales y sociales”, aseguró Luisa Adame, directora de HR Ratings Sustainable Impact.

Alba Aguilar, directora general del Consejo Mexicano de Finanzas Sustentables, dijo que no se ha detectado algún caso de “lavado verde” en el mercado mexicano de bonos temáticos porque es “relativamente nuevo”, se está desarrollando y, por tanto, carece de elementos para poder asegurar su integridad bajo definiciones homologadas, un lenguaje y reglas propias. “Son cuestiones que se van construyendo”.

Explicó que lo que sí ha pasado es que hay emisores que suelen no presentar informes para transparentar el uso de recursos y los resultados de los proyectos financiados. 

Hicimos un análisis después de una emisión para ver qué empresas o entidades entregaba reportes y hay un 30% que no reporta después de su colocación. Reportar es una garantía para poder evaluar el impacto y los beneficios de los proyectos en temas ambientales; es una forma de decir que hay o no greenwashing”, dijo.

La especialista explicó que los reportes son voluntarios y el hecho de que no se presenten no necesariamente significa que el proyecto no sea verde o que estén haciendo otras actividades distintas a las del prospecto.

Para Adriana Pulido, directora general de Ilunka, agencia de planeación estratégica en ESG y Sostenibilidad, algo “muy bueno que se está dando en el mundo” es tener evaluaciones más apegadas a datos duros que ayudan a saber si se está haciendo greenwashing.

Dijo que en Estados Unidos ya se multan ese tipo de casos, en Brasil ha habido iniciativas y también en la Unión Europea. Sobre todo, la Unión Europea y Estados Unidos empezarán a pedir más requisitos en estos temas porque el Panel Intergubernamental de Cambio Climático ha dicho: ‘basta de estar jugando con que hacemos acciones a favor de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero’, parafraseó.

“No hay greenwashing porque no existe una legislación específica para el tema, eso más bien no parece tan bueno porque en realidad lo que nos está diciendo es que no estamos siendo lo suficientemente regulados para saber si una empresa está teniendo esta práctica o no, pero sí hay leyes relacionadas a estos temas. Por ejemplo, la Ley Federal de Protección al Consumidor que prohíbe la publicidad engañosa o la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente”, advirtió Pulido.

¿Cómo blindarse?

Las especialistas coincidieron en que la nueva Taxonomía Sostenible de México, elaborada por la Secretaría de Hacienda, es un gran paso para evitar este tipo de prácticas “engañosas”. Incluso, otros estándares aceptados internacionalmente como las de la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés) y la valuación de terceros independientes han ayudado a filtrar este tipo de casos antes de que se dé alguno en México.

“Se ha visto un mayor compromiso por parte de las empresas en temas de sostenibilidad y la transparencia en un mercado que aun no está regulado es fundamental para evitar el greenwashing”, dijo Luisa Adame.

Adriana Pulido recordó que el greenwashing tiene años, pero igual que otros conceptos se ha puesto en la mesa porque los fondos de inversión y los bancos, empezaron a solicitar a las empresas que respondan cómo están utilizando el dinero para blindar los problemas socio-ambientales.

Por ello, aseguró que una de las medidas sería medir y comparar la capacidad de las empresas; desarrollar tecnología y crear nuevas formas de operar; empezar a poner más en la mesa el nivel de cumplimiento.

Alba Aguilar comentó que los inversionistas tienen un rol importante para guiar a las empresas en esta transición porque también “es peligroso decir que hay greenwashing, no hacer nada al respecto y no acompañar a las empresas porque es un proceso de largo plazo y creo que a veces hay falta de comunicación sobre la estrategia de sostenibilidad de las empresas”, finalizó.

judith.santiago@eleconomista.mx