ASF, ¿rehén legislativo?

La fallida estrategia nacional anticorrupción será sometida a una durísima prueba: la Cámara de Diputados deberá emitir la convocatoria para elegir al titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pieza clave de la fiscalización de los recursos públicos y del alicaído Sistema Nacional Anticorrupción.

La Comisión de Vigilancia de la ASF será la encargada de proponer al sucesor de Juan Manuel Portal, quien permanecerá, por lo menos, hasta el 31 de diciembre al frente de ese organismo. Dicha comisión presidida por Luis Maldonado Venegas (PRD) no sesiona desde abril, ante la falta de consenso para nombrar a los titulares de los órganos internos de control de los organismos autónomos constitucionales.

En caso de reeditarse en esta comisión la conformación de dos bloques PRI-PVEM (14 diputados) en contra del PAN-PRD-MC (10 diputados) con Morena (tres diputados) que coquetea con ambos lados, será difícil que se pongan de acuerdo para lograr el nombramiento del auditor superior. En recientes procesos legislativos, como el caso del fiscal electoral, la radicalización generó un ciclo de enfrentamiento-parálisis legislativa, incluyendo bochornosos espectáculos.

Entre los aspirantes a la ASF se encuentran el propio Juan Manuel Portal, a quien pueden reelegirlo por un periodo más; Alejandro Romero Gudiño, titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados y, según sea el caso, podría participar también Salim Arturo Orci Magaña, auditor especial del Gasto Federalizado en la ASF.

La gestión de Juan Manuel Portal hay que evaluarla exhaustivamente; si nos atenemos a algunos macroindicadores es evidente que no ha logrado contener la corrupción; sin embargo, avanzó en la fiscalización y en el área de auditoría, donde enfocó el diseño organizacional de la institución. Sin lugar a duda la Unidad Jurídica de la ASF encargada de sustanciar los procedimientos de responsabilidades es el talón de Aquiles del auditor, es muy bajo el porcentaje de funcionarios sancionados, más bajo es el porcentaje de sanciones que logran sostenerse ante las impugnaciones en el Tribunal de Justicia Administrativa y el Poder Judicial.

Los anquilosados y partidizados procedimientos que prevalecen en la Cámara de Diputados no auguran buenos resultados para elegir al auditor superior; el enfrentamiento entre las bancadas legislativas es el preludio de una encarnizada lucha por la Presidencia de la República; en el ring político el auditor y el fiscal anticorrupción sólo son rehenes de los terroristas legislativos, más allá de su importancia institucional.

Twitter: @ErosalesA