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Opinión

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Acabar con tercerización: un capricho suicida

El martes 9 de febrero, participé como moderador, a nombre de TallentiaMX, en “El impacto económico y social de la subcontratación”, un foro organizado por Forbes y por la American Society of Mexico donde distinguidos panelistas analizaron los beneficios que genera la utilización del outsourcing en nuestro país, así como cuáles serían las consecuencias de su innecesaria eliminación.

En el evento hubo argumentos interesantes y contundentes que no pueden ser ignorados por quienes tienen la responsabilidad de legislar en materia de tercerización. La obligación, el mandato constitucional de las autoridades es representar a la nación y defender sus intereses… No sería correcto poner en riesgo a millones de trabajadores formales, miles de empresas, las relaciones comerciales con otras naciones y nuestro futuro económico. Esto significaría hacer una apuesta suicida, es decir, atentar contra nosotros mismos.

Larry Rubin, presidente de la American Society, señaló que los países más desarrollados utilizan la subcontratación. Por ello, enfatizó que México necesita avanzar, no retroceder. Coincido plenamente: sería muy peligroso seguir el camino de los países que se han aislado, encerrándose en sí mismos y pretendiendo volver al pasado. No podemos negarnos a la globalización ni al desarrollo.

Rubin hizo hincapié en que “los legisladores tienen que ser sumamente responsables con los mexicanos, porque lo único que pudieran causar quitando el outsourcing es que, si de por sí México tiene un grave problema de informalidad, van a crear todavía mayor informalidad”.

Además, coincidió con lo que desde TallentiaMX hemos reiterado en varias ocasiones: es necesario erradicar las malas prácticas de la tercerización, más ello no significa de ningún modo acabar con este esquema. Por esta razón, Larry Rubin abundó: “el enfoque del Ejecutivo y del Legislativo tiene que ser en el aspecto de cómo corriges la informalidad que no paga seguro social y no tributa”.

En el marco de la pandemia de Covid-19 y de los empleos formales que genera la tercerización, puntualizó que “quitar el outsourcing en México es la peor idea que ha existido, la peor propuesta que se ha hecho en todo el sexenio… Yo no entiendo una iniciativa que mate el empleo en el peor momento”.

A su vez, Amapola Grijalva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio y Tecnología de China, habló acerca de los vínculos entre la subcontratación y la inversión extranjera, tan necesaria para el desarrollo económico: “el tema del outsourcing tiene que ir engarzado con una estrategia de inversión para México”.  Explicó que muchas empresas ya utilizan la tercerización, por lo que prohibir este esquema desorganizaría sus procesos productivos, acarreando graves afectaciones.

José Medina Mora, presidente de Coparmex, coincidió con la necesidad de regular la tercerización y no prohibirla. Enfatizó que son pocas las empresas que incurren en malas prácticas, pero que las autoridades simplemente tienen que actuar: “son empresas que no están cumpliendo con la ley y deben ser sancionadas”. Utilizó una imagen que sintetiza muy bien sus argumentos: “Si tienes un árbol con una manzana podrida, tienes que cortar esa manzana… no cortar el árbol”.

La diputada Patricia Terrazas recordó que es necesario ofrecer certidumbre jurídica a los inversionistas y que, por lo tanto, “no le podemos estar cambiando las reglas del juego (al inversionista) en el camino”. Añadió que las condiciones de incertidumbre no permiten crear empleos formales, los cuales son los que realmente ofrecen buen salario, capacitación, estabilidad y seguridad social.

Es difícil resumir en un breve escrito todos los argumentos que se vertieron en el evento. Sin embargo, al final del foro, fue posible comprender por qué terminar con el outsourcing generaría una catástrofe multidimensional: aumento del desempleo, incremento de la informalidad, caos en los procesos de producción, cierre de empresas, tensiones políticas…

La actual incertidumbre no favorece al país, como tampoco lo beneficiaría un marco jurídico regresivo y prohibicionista. Basta con hacer una regulación clara y con supervisar su cumplimiento, para que todos puedan gozar de sus derechos y atender sus obligaciones.

*El autor es director general de TallentiaMX.

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