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Accendo, largo y sinuoso camino
El pago a organismos públicos reconocidos como acreedores por el banco Accendo en liquidación, enfrenta el largo y sinuoso camino del proceso de liquidación bancaria.
Es decir, los litigios interpuestos por los propios acreedores, mantienen empantanado el pago a los organismos públicos, de recursos, por alrededor de 3 mil millones de pesos.
Hay que recordar que cuando el órgano supervisor del sistema financiero detectó que Accendo operaba fuera de las normas regulatorias decidió, en el año 2021 revocar su autorización para operar como banco e inició el proceso de liquidación de esa institución.
Para entonces, 6 de cada 10 pesos de la captación de Accendo, correspondía a entidades gubernamentales.
En su momento, las autoridades financieras informaron que la mayor parte de los organismos públicos involucrados tenía recursos, en la entidad financiera, en chequeras y no en cuentas a plazo.
A dos años 6 meses de la revocación de su autorización para operar como banco a Accendo, por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, este 10 de abril (2024), el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), encabezado por Gabriel Ángel Limón González, confirma que el proceso continúa a través del proceso de liquidación judicial.
Avanza conforme a la normatividad, mediante actividades de recuperación de los activos: derechos de cobro, créditos y bienes adjudicados.
La mayoría de estos activos –señala la institución– están asociados a diversas problemáticas jurídicas y requieren de tiempo para proceder con la recuperación correspondiente.
El IPAB explica que los pagos a los acreedores reconocidos se realizarán con los recursos disponibles de Accendo, en estricto apego a la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, previa autorización del juez que supervisa y rige el proceso de liquidación judicial.
El resultado de estos recursos y amparos podrían derivar en modificaciones a la sentencia.
Entre los acreedores gubernamentales que eran ahorradores directos de Accendo están: la Secretaría de Finanzas Públicas de Hidalgo, con 807 millones 128 mil 784 pesos; el gobierno de Puebla con 604 millones 996 mil 132; Servicios de Salud de Veracruz con 357 millones 900 mil 207; los municipios de Tlalnepantla (en el Estado de México) y el de Zapopan (en Jalisco) con 315 millones 648 mil 265 y 303 millones 953 mil 21 pesos, respectivamente.
Además de Tamaulipas con 179 millones 534 mil 573 de pesos; el Estado de México con 112 millones 425 mil 554; Durango con 57 millones 293 mil 218; Servicios de Salud de Hidalgo con 56 millones 647 mil 237; la Lotería Nacional con 51 millones 333 mil 880; Baja California con 51 millones 279 mil 328 y el municipio de Puerto Morelos (en Quintana Roo) con 4 millones 362 mil 113 pesos.
Más los créditos por otras obligaciones, distintas a los depósitos directos de: gobierno del estado de Oaxaca por 49 millones 543 mil 602; gobierno del estado de Durango por 46 millones 664 mil 592 y el estado de Tamaulipas por 25 millones 879 mil 961 pesos.
Por otra parte, el IPAB, luego de la revocación, autorizó el pago de obligaciones garantizadas de Accendo Banco, a los ahorradores y les pagó un monto total por mil 314 millones de pesos.
Los ahorradores cobraron el 99.16% del importe de sus depósitos. El IPAB cubrió hasta 400 mil unidades de inversión a los ahorradores, que a la fecha en que se realizó equivalía a 2.76 millones de pesos.
Lo que está pendiente, es el pago de los organismos públicos que son acreedores de Accendo y que siguen la ruta del proceso de liquidación bancaria y siguen los tiempos judiciales.
Hasta que se resuelvan los litigios legales, el juez determinará cómo se paga a los acreedores, con los recursos existentes de la masa de la liquidación.
El seguro de depósito es universal, es decir, es idéntico tanto para las personas físicas como las morales, con una cobertura de 400 mil udis.
Lo que quiere decir que las entidades públicas, cuando se superen los litigios, podrán cobrar pero en moneda de quiebra.
Hasta ahora, el tema depende del proceso de liquidación judicial bancaria. Son los tiempos judiciales, no los tiempos del IPAB. Al tiempo.
Atisbos
El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, asumió la presidencia pro tempore del Comité Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (CIRSA), integrado por los ministerios de Agricultura de nueve naciones de Centroamérica y el Caribe.
El Comité es el órgano rector del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuario (OIRSA), que define la aplicación de medidas cuarentenarias o regulatorias que impulsen la salvaguarda del patrimonio agropecuario de la región. Enhorabuena.
