Acuerdo histórico en la COP28: ¡urge acelerar la transición!

La COP28 sobre cambio climático concluyó el pasado 12 de diciembre con un acuerdo “guadalupano”, sin precedentes para acelerar la transición energética —la descarbonización de las actividades económicas— y limitar el aumento de la temperatura global por debajo de 1.5 grados Celsius comparado con los niveles preindustriales.

El comunicado final delinea la ruta a seguir para alcanzar este objetivo. Tres metas destacan por su nivel de ambición y realismo: por primera vez se plasma en una declaración la necesidad de acelerar el “desplazamiento de los combustibles fósiles”; se reconoce el papel de los combustibles de transición, es decir, del gas natural para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI); y, quizá el objetivo más ambicioso es triplicar la capacidad de generación renovable para 2030. Con ello se llegaría a 11,000 gigawatts (GW) de capacidad de generación eléctrica instalada a nivel mundial.

¿Dónde está parado México? De acuerdo con el Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía, al cierre de 2022 el país contaba con 98 GW de capacidad de generación eléctrica, de los cuales 39 GW corresponden a capacidad renovable. Si México quisiera seguir el espíritu y letra del compromiso de la COP y triplicar su capacidad de generación renovable, tendría que instalar 78 GW entre 2024 y 2030. En otras palabras, habría que desarrollar el equivalente a 80% de su capacidad actual total en seis años.

¿Es viable alcanzar este objetivo? En el Acuerdo de París de 2015 —lo mismo que en la Ley General de Cambio Climático y la Ley de Transición Energética—, México se comprometió a generar 35% de su energía a partir de fuentes renovables en 2024 e incrementar ese porcentaje a 40% para 2030. En octubre de 2023 —dato más reciente—, únicamente 22% de estas fuentes (esto se explica parcialmente por los bajos niveles de generación de las hidroeléctricas que históricamente se ubican alrededor de 10% y actualmente están por debajo de 6% debido a sequías).

La realidad alcanzó a México: la inversión requerida y los tiempos para desarrollar proyectos de energía limpia ya no dan para que cumplir con la meta de la COP28. Diversas cámaras del sector e instituciones financieras estiman que se requieren más de 40,000 millones de dólares en los próximos cinco años y más de 100,000 millones en un horizonte de 15 años para absorber el crecimiento de la demanda eléctrica por la electrificación de la economía, el nearshoring y la electro movilidad. En cuanto a tiempos, los proyectos requieren por lo menos de cuatro años para comenzar a producir electricidad, eso bajo el supuesto que no se enfrenten a obstáculos técnicos, financieros, regulatorios, ambientales o sociales que los retrasen.

El año pasado el Gobierno de México anunció inversiones por 48,000 millones de dólares (828,000 millones de pesos al tipo de cambio actual) para duplicar la capacidad instalada limpia (40 GW) y llegar a 40% de generación renovable para 2030. Siguiendo las estimaciones del propio gobierno, triplicar la capacidad requeriría casi 100,000 millones de dólares. 

Incluso si se toma por suficiente este monto, se antoja inviable que el gobierno mexicano pueda por sí solo llevar a cabo estas inversiones. A unos días que concluya 2023, sólo se han inaugurado las primeras dos etapas del parque solar de la CFE en Puerto Peñasco.

En un entorno de finanzas públicas presionadas, tasas de interés elevadas, y un sistema eléctrico con dificultades para expandirse al ritmo de la demanda (3.4% en 2022), la próxima administración debe apostar por diversificar las posibilidades de inversión en la generación eléctrica, y que CFE priorice sus inversiones en sus negocios de redes eléctricas.

Una condición indispensable para atraer estas inversiones es la independencia del regulador. La CRE debe demostrar un compromiso con su independencia del gobierno y de las empresas, y actuar con eficacia y transparencia. En medio de la discusión sobre la eliminación de los organismos autónomos, es menester tener claro que no habrá transición energética sin un ente regulador fuerte.

Si el argumento ambiental no bastara, hay que recordar que hoy uno de los principales cuellos de botella para capitalizar la relocalización de las cadenas de valor, y alcanzar mayores tasas de crecimiento incluyente, es precisamente la falta de energía renovable, de calidad, confiable, y a precios competitivos. (Oscar Ocampo)