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Adiós Inai, IFT, Cofece
Hoy está prevista la reunión en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para discutir y en su caso aprobar el dictamen que extinguiría siete órganos constitucionales autónomos, incluidos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
En un país que ha avanzado lentamente en su transición democrática, la autonomía de los órganos reguladores debería ser un pilar fundamental para el equilibrio del poder. Sin embargo, el gobierno del presidente López Obrador y el Congreso de la Unión dominado por Morena y sus aliados han puesto la mira en instituciones esenciales para el funcionamiento del Estado regulador.
La propuesta de extinguir el Inai, el IFT y la Cofece es un golpe mortal a esas instituciones y un retorno al centralismo, el control político y la opacidad. Los entes autónomos se crearon con un objetivo claro: regular sectores estratégicos con independencia del Poder Ejecutivo para que las decisiones se tomen con base en criterios técnicos y no políticos.
La misión del Inai es proteger el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública y a resguardar los datos personales. Sin el Inai, la transparencia del gobierno está en riesgo, lo cual debilita la rendición de cuentas y abre la puerta a más corrupción y abuso de poder.
El IFT es útil para el desarrollo de un sector dinámico como las telecomunicaciones. El control estatal directo podría derivar en censura, manipulaciones políticas en el otorgamiento, revocación y refrendo de concesiones y una mayor subordinación de los medios electrónicos a los intereses del gobierno.
La Cofece tiene el mandato de promover la competencia económica en todos los sectores. Su labor evita prácticas anticompetitivas para que las empresas operen bajo reglas justas en beneficio de los consumidores. Su labor consiste en evitar que las empresas controlen los precios y limiten la innovación, afectando a los consumidores y la economía en general.
La mala idea de extinguir estos tres entes bajo la justificación de austeridad es un intento de concentración de poder. El control sobre la transparencia, las telecomunicaciones y la competencia económica sería absorbido por el gobierno, subordinando decisiones técnicas y especializadas a intereses políticos. Este esquema ya lo conocemos: un gobierno con control absoluto sobre sectores clave, donde las decisiones se toman de manera discrecional, sin consultas públicas y sin contrapesos.
El riesgo es evidente: un regreso a la centralización del poder, donde la supervisión y la regulación quedan a merced de quienes detentan el poder político. ¿Qué garantías tienen los ciudadanos de que se protegen sus derechos fundamentales en un sistema donde el gobierno que debe ser vigilado controla a los vigilantes?
En el caso del Inai, su extinción sería un golpe fatal a la transparencia y al acceso a la información pública. Sin un ente independiente que supervise la entrega de documentos gubernamentales, las dependencias y sus administradores actuarían sin rendir cuentas. La corrupción, que sigue siendo un problema en México, se agravaría, pues el escrutinio público sería casi imposible.
Quien asuma las funciones reguladoras del IFT dentro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes inyectaría incertidumbre jurídica en un sector altamente competitivo, innovador y estratégico para el desarrollo del país.
La Cofece, al dejar de ser autónoma, perdería su capacidad de proteger a los consumidores de prácticas anticompetitivas, con impactos en los precios y la calidad de los bienes y servicios.
También es necesario criticar a estos organismos autónomos que podrían dejar de existir tan pronto como los representantes de la Cuarta Transformación en el Congreso consoliden una mayoría calificada.
Aunque su labor es fundamental para el equilibrio del poder y la tutela de derechos fundamentales, la mayoría de las personas que los han integrado han fallado en acercarse a la sociedad y en comunicar su importancia. Estos entes se han manejado en su seno como feudos de poder, donde el diálogo con los ciudadanos y los usuarios ha sido escaso. La percepción pública sobre estas instituciones es que están alejadas de las preocupaciones reales de la gente y que operan en un limbo técnico que pocos entienden. Si desaparecen, es probable que muchos ciudadanos no se enteren y a otros no les importe o les resulte indiferente.
El Inai, aunque ha sido clave en la lucha por la transparencia, no ha logrado posicionarse como una herramienta necesaria para el ciudadano común. Pocos entienden cómo y por qué es importante.
Al IFT le ocurre que la regulación de las telecomunicaciones es vista como un tema técnico, sin implicaciones en la vida cotidiana de las personas, a pesar de que afecta el acceso a Internet, la calidad de los servicios y la libertad de expresión. La desconexión entre el IFT y la sociedad ha permitido que el gobierno justifique su desaparición con el argumento de que es un organismo caro e ineficaz.
La Cofece ha sido cuestionada por su tortuguismo para investigar los mercados, su lentitud en actuar y por no tener un impacto visible en el día a día de los consumidores.
Pero eliminar estos organismos sería un grave retroceso. La transparencia, la competencia y la regulación de las telecomunicaciones quedarían a merced de quienes ocupan y sirven a la silla presidencial. Un Estado regulador independiente es esencial para garantizar que los derechos estén protegidos frente a los abusos del poder, pero la 4T está más interesada en debilitar los contrapesos que en fortalecerlos.
La extinción del Inai, el IFT y la Cofece no es una cuestión de austeridad o eficiencia, sino de control. Las instituciones no son perfectas, deben ser más cercanas a la sociedad y estar sometidas al escrutinio y la crítica permanentes, pero su desaparición sólo beneficiará a quienes el control absoluto, el centralismo y ejercer el poder sin rendir cuentas.
X: @beltmondi