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Opinión

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Advertencias de Bolivia para México

Bolivia actualmente sufre una aguda crisis política con claras advertencias para México. Esta república es la única en el mundo donde se elige a los jueces de la Suprema Corte de Justicia por voto popular, pero las elecciones judiciales que debieron celebrarse en 2023 no se efectuaron a causa de una pugna entre el actual presidente, Luis Arce, y su antecesor, Evo Morales. Estos dos políticos fueron por mucho tiempo cercanos aliados, pero ahora son rivales acérrimos rumbo a las elecciones presidenciales 2025, en las que ambos personajes pretenden ser candidatos.

Arce fue ministro de Finanzas de Morales hasta 2019, cuando este se postuló para un inconstitucional tercer mandato consecutivo. Ganó las elecciones, pero las acusaciones de fraude provocaron protestas masivas y bajo la presión del ejército Evo renunció y se exilió. Cuando se celebraron nuevas elecciones en 2020, Morales designó a Arce como candidato del MAS (Movimiento al Socialismo). Este partido logró recuperar el poder, y Morales regresó posteriormente a Bolivia ya con la vista puesta en las elecciones de 2025.

Pero pronto quedó claro que Arce planeaba postularse para un segundo mandato. Dio principio entonces a una enconada lucha por el control el partido político dominante en Bolivia, la cual involucra a dos hombres que han intercambiado acusaciones de traición, corrupción y narcotráfico. De ese tamaño es la división en el MAS. Como resultado de esta contienda se ha creado un atasco en el Congreso, y ello ha evitado la elección de los jueces tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema, quienes son votados cada seis años en un proceso a dos pasos: primero, una supermayoría de dos tercios en el Congreso selecciona una lista corta de candidatos y de ahí la gente va a las urnas. Todo este mecanismo ha demostrado ser muy vulnerable a la interferencia política y ha dado como resultado una suprema corte ineficaz, proclive a la corrupción y escorada a favor de los intereses del partido oficial.

 

Tanto en 2011 como en 2017 el MAS controló una supermayoría en el Congreso y ello le permitió elegir a voluntad las listas de candidatos a jueces con muy poca transparencia, supervisión ciudadana, compromiso político o al menos una mínima evaluación adecuada. En ambas ocasiones la oposición llamó a la abstención. Se registró un 59 por ciento de voto nulo o en blanco en 2011, y 66 por ciento en 2017, lo cual restó legitimidad a las cortes más importantes del país.

Ahora, el gobierno de Arce solo cuenta con una minoría de representantes leales en el Congreso en virtud de su disputa con Evo, cuyos partidarios representan un porcentaje considerable dentro de la fracción parlamentaria del MAS. El resultado ha sido un pertinaz bloqueo. Los mandatos de los actuales jueces deberían haber terminado a finales de 2023, pero los miembros del Tribunal Constitucional decidieron prorrogar los mandatos de forma indefinida. Desde entonces, el Tribunal ha emitido una serie de fallos favorables al gobierno. El más polémico pretende descalificar a Morales para postularse en 2025.

Evo y sus partidarios insisten de manera vehemente en celebrar cuanto antes las elecciones judiciales y en pos de ello han generado una crisis política de considerables dimensiones. En febrero, bloquearon carreteras durante 15 días. El gobierno cedió y agendó celebrar los comicios en junio, pero el proceso se paralizó de nuevo en el Congreso. El 6 de junio, con Arce de visita en Rusia, el bloque de legisladores del MAS votó con dos partidos de oposición una ley para poner fin a los mandatos de los jueces en funciones y reactivarían el proceso para las elecciones judiciales.

Bolivia está ahora a la espera de ver cómo responderá el Tribunal Constitucional. Si dictamina la validez de la sesión, los mandatos de los jueces actuales finiquitaran y deberá consensarse, sí o sí, las listas para proceder a la elección. Pero si se declara inválida (lo más seguro según expertos) la situación vuelve a un punto muerto y la crisis política e institucional de Bolivia seguirá profundizándose.

 

México debe tomar buena nota de la actual crisis política boliviana.

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