Ampliación del PACIC: más de lo mismo

Las medidas presentadas se quedan en eso, en una buena intención que difícilmente supondrá un tajante freno para la creciente inflación

El pasado lunes de 3 octubre, autoridades del gobierno federal, en conjunto con algunos actores del sector privado y productivo, presentaron medidas adicionales en un esfuerzo para intentar combatir la inflación.

Dichas medidas se encuentran enfocadas en intentar mitigar presiones, principalmente, en los precios de los alimentos, no solo porque incrementos en tal canasta afectan en una proporción mayor a la población más vulnerable por nivel de ingresos, sino que, la inflación en alimentos lleva registrando seis lecturas consecutivas de doble dígito.

A grosso modo, la estrategia se centra en tres pilares: el primero de ellos contempla los referentes al comercio exterior, en particular en términos de trámites, regulación y cancelación de algunas exportaciones estratégicas. Segundo, medidas puntuales del gobierno federal y, por último, la cooperación de algunas empresas privadas para reducir costos de insumos y bienes finales.

Claramente, la señal que envía el gobierno es positiva toda vez que la inflación es uno de los fenómenos con consecuencias más severas para el bienestar de la población, sin embargo, la mayoría de las propuestas realizadas presentan varias limitaciones y podrían resultar contraproducentes.

Primero, intentar beneficiar el comercio internacional a través de la reducción de barreras de entrada y regulación excesiva podría darle cierto impulso a la contraída oferta global, permitiendo que los precios se ajusten a la dinámica de la oferta y demanda, no obstante, la medida complementaria de suspender la revisión de la calidad de las importaciones nos parece desafortunado ya que se crea un incentivo perverso; las compañías incurren en un gasto para garantizar el control de calidad de sus productos, sin embargo, con esta medida, surge el incentivo de dejar de gastar en este rubro debido a que no hay regulación que los sancione.

Lo anterior puede ser especialmente severo para la población en general en términos de salubridad.

Segundo, la medida de extender la política de contención a los precios de los combustibles y electricidad es, sin lugar a dudas, la estrategia que ha beneficiado mayormente a la dinámica inflacionaria. Gracias a ella, México se ha visto exento de registrar aceleraciones en la inflación de doble dígito como en otras naciones de América Latina.

Sin embargo, es importante tener en mente el costo de oportunidad de esta política, es decir, los recursos escasos y públicos que el gobierno está utilizando para subsidiar energéticos los está dejando de utilizar en otros proyectos. Adicional a ello, la instrumentación de esta política está generando potenciales presiones en la Hacienda Pública.

En el mismo sentido, el gobierno se comprometió a congelar las tarifas de las autopistas concesionadas al Fonadin y Capufe, medida interesante, que ataca desde la oferta y que podría relajar las ineficiencias logísticas y de transporte, traduciéndose en una baja en los precios.

Sin embargo, existe en México un elemento primordial que ha cobrado especial relevancia: los niveles de inseguridad, mientras estos no se reduzcan, poco pueden hacer medidas como la anterior para frenar la inflación.

La última de las medidas se enfoca en sumar esfuerzos con el sector privado. Así, los acuerdos a los que se llegaron fueron: disminuir en 8% el precio de la canasta básica de 24 bienes y acciones para contener el precio de la harina de maíz.

La anterior medida parece favorable y tiene tintes de poder traspasar al bienestar social, no obstante, no es una garantía de ello. Como se sabe, mucha de la inflación que se vive actualmente en el mundo, tiene sus principales orígenes en factores de oferta (disrupciones en cadenas de suministro), ello otorga una complejidad sustancial a la dinámica de la inflación ya que, mientras las condiciones logísticas, de transporte y de cuellos de botella en la producción mundial no se resuelvan, políticas que busquen pactar precios resultan en efectos momentáneos, poco sostenibles y de corto plazo, además del hecho que podrían generar distorsiones en los precios relativos de la economía, ampliando aún más la complejidad de la actual inflación.

A manera de conclusión, cabe mencionar que siempre es plausible toda intención por parte de las autoridades por hacer frente a desafiantes problemáticas sociales, desafortunadamente, como explicamos en las anteriores líneas, las medidas presentadas se quedan en eso: una buena intención que difícilmente supondrá un tajante freno para la creciente inflación.

Sin embargo, sí existen políticas que el gobierno puede instrumentar para influenciar de manera positiva el proceso de formación de precios: garantizar un robusto Estado de derecho, generar condiciones que atraigan inversión extranjera, construir condiciones de competencia económica en sectores estratégicos, inversión en tecnología y educación que se traduzca en mayor productividad de la población. Tales medidas tienen un horizonte de tiempo de mediano y largo plazo, lo cual genera que, en términos políticos, no sea muy interesante instrumentarlas.