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Atenco: violencia sexual y seguridad pública I/II
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) acerca del caso “Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en Atenco vs. México” debería ser lectura obligada en el Congreso, previa a la toma de decisiones acerca de la seguridad pública. La CoIDH no se refiere en ésta a las fuerzas armadas sino a la actuación de las fuerzas policiacas en Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, pero emite rigurosas observaciones acerca del uso de la fuerza, la tortura sexual y la prisión preventiva, útiles para repensar las propuestas actuales en torno a la seguridad.
Notificada al Estado mexicano el 21 de diciembre de 2018, esta sentencia ofrece por fin reparación y justicia a las once mujeres que recurrieron a esa instancia internacional ante la falta de res-puesta en México. Atrapadas en un desproporcionado operativo policiaco contra protestas de floristas e integrantes del Frente por la Defensa de la Tierra en Texcoco y San Salvador Atenco, ellas forman parte de las 217 personas detenidas entonces. Su caso fue analizado por la SCJN que en 2009 emitió una sentencia, insuficiente pues, entre otros puntos, no reconoció la necesidad de investigar la línea de mando para determinar responsabilidades hasta el más alto nivel. Por ello, en colectivo ellas recurrieron a la Comisión Interamericana que, tras otro largo proceso, conside-ró procedente remitir el caso a la CoIDH.
Leer la sentencia de la CoIDH, o escuchar los testimonios que dieron las víctimas en 2017, es acercarse a un infierno, a un mundo al revés en el que quienes deberían proteger a la población, y en todo caso contener las protestas y aplicar la ley, desataron una violencia brutal contra manifestantes o transeúntes, en calles y casas que allanaron sin orden judicial, desde el momento de la detención hasta la entrada al CEPRESO y durante el proceso judicial.
Como suele suceder cuando priman la prepotencia y la falta de capacitación, y los agentes de la ley la pisotean (y se sien-ten impunes), muchas mujeres fueron maltratadas, insultadas, golpeadas, vejadas, amenazadas de muerte o violación. Según la SCJN 62% de todas las detenidas sufrieron abuso sexual. Según la CoIDH las once víctimas sufrieron violencia sexual y siete de ellas fueron violadas, en público, en los autobuses en que iban detenidas y/o en el CEPRESO donde las llevaron. Ajena a la normalización de la violencia sexual que también sufrieron las víctimas de Atenco, la CoIDH señaló que ésta se usó con el fin de “degradar, humillar y castigar a las mujeres” por, supuestamente, participar en las protestas y también con el fin de mandar un mensaje a los testigos y a la sociedad, es decir, como una forma de “control social”. Además, con toda claridad, la CoIDH caracterizó todo el proceso de humillación e “instrumentalización” del cuerpo de las mujeres como “tortura sexual”, violatoria del derecho nacional e internacional.
Contra los argumentos del Estado (y Peña Nieto en 2012) acerca del uso legítimo de la fuerza, la CoIDH plantea que éste sí existe y que “ante situaciones violentas” se pueden usar armas pero sólo “en la menor medida necesaria”. En Atenco el uso de la fuerza, afirma, “no era legítimo ni necesario”. Fue indiscriminado y excesivo.
Lo que sucedió durante el o-perativo, concluye, se debió a falta de profesionalismo y capacitación de todas las policías, ausencia de supervisión y eva-luación: “El Estado incumplió sus obligaciones sobre uso de la fuerza, capacitación de cuerpos de seguridad, mecanismos de control”.
En el proceso judicial, al imponer prisión preventiva a las víctimas, algunas de las cuales pasaron de 11 a 28 meses encarceladas, el Estado fue arbitrario pues ésta sólo se justifica para evitar que se eluda la justicia y debe evaluarse periódicamente, lo que no se hizo.
Ante estas violaciones, la CoIDH hizo recomendaciones que se contraponen a las pro-puestas de ampliar la prisión preventiva o de militarizar la seguridad pública, y refuerzan, en cambio, la necesidad de profesionalizar a las policías, y, aquí, investigar la cadena de mando.
