Banco Ahorro Famsa: daños y perjuicios

La liquidación de Banco Ahorro Famsa —intervenido por los reguladores porque, entre otras cosas, sus dueños se hicieron préstamos por un monto superior al capital de la compañía—, será la primera experiencia de liquidación de un banco en el gobierno de Morena. No será fácil (nadie nunca dijo que liquidar un banco fuera sencillo). Hay por lo menos 2,440 clientes de Famsa que mantenían cuentas de ahorro o inversión con cantidades que exceden el máximo asegurado por el IPAB. Algunos pelearán en tribunales para recuperar su dinero y posiblemente para reclamar el pago por daños y perjuicios e, incluso, resarcimiento por daño moral.

Estos ahorradores se encuentran a media tabla de la lista de acreedores prioritarios en el proceso de liquidación (posición quinta). Son los que más tenían y los que más van a sufrir para recuperar su capital, considerando las características sociodemográficas de Banco Famsa. En números cerrados, hay 507,000 clientes con saldos promedio de 400 pesos; hay 2,440 clientes con saldos promedio de 3 millones 700,000 pesos. La cantidad máxima asegurada por el IPAB es de 2 millones 578,066.40 pesos (o 400,000 unidades de inversión, udis) por cliente.

Los clientes sin cobertura del IPAB no son propietarios de residencias en La Primavera en Culiacán, Chipinque en Monterrey o Los Frailes en Guadalajara; hablamos de ahorradores e inversionistas con recursos moderados, propios de una clase media. 

El IPAB (Instituto para la Protección del Ahorro Bancario) es la entidad responsable de liquidar a Banco Famsa. Deberá realizar un inventario de acreedores prioritarios, conforme a la Ley de Instituciones de Crédito, a los que irá pagando con recursos propios de Famsa (incluido el capital de ahorradores e inversionistas), con lo que pueda rescatar de las cuentas por cobrar del banco y con dinero del Fondo de Protección al Ahorro Bancario. Antes de llegar a los clientes sin cobertura del IPAB, el dinero disponible se usará para pagar lo que el banco debe a sus trabajadores, al fisco y a otros acreedores privilegiados.

Suponiendo que quede algo en el cochinito para cuando llegue su turno, algunos de esos 2,440 clientes podrán recuperar parte o todo su capital. ¿Cuánto? ¿Para cuántos alcanzará? ¿Quién tendrá prioridad? Nadie lo sabe todavía: el IPAB debe publicar el balance inicial de liquidación y entonces conoceremos los alcances de la recuperación de capital. El procedimiento de liquidación se inició el 1 de julio de 2020.

Banco Bicentenario y Ficrea son las experiencias más recientes de liquidación de entidades financieras. En el caso Bicentenario, no había ahorradores que excedieran el monto de cobertura del IPAB, y Ficrea nunca dejó su estatus de sociedad financiera popular (sofipo) para convertirse en institución de banca múltiple. El caso Famsa se resolverá conforme a la reforma de 2014 y sentará las bases las bases de liquidación del nuevo procedimiento unificado.

Pero esto no quiere decir que las experiencias previas no ofrezcan aprendizajes. En el caso Ficrea, la justicia federal concedió el pago por daños y perjuicios. Eso abre la posibilidad en Famsa de reclamar, por ejemplo, el resarcimiento por los rendimientos no obtenidos por los pequeños inversionistas durante el tiempo que dure el proceso de liquidación. O incluso de abrir la vía penal y reclamar pago por daño moral por la presunción de que hubo manejos inadecuados del dinero de los ahorradores o por un eventual delito patrimonial causado a quienes convenció la publicidad de Famsa contratada días y horas antes de que se anunciara la intervención y liquidación del banco.

El IPAB, como responsable de la liquidación, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), como árbitro del ecosistema financiero, deberán irse con prudencia durante este procedimiento, pero sobre todo con muchísima precisión jurídica para llevar a cabo una liquidación impecable, la primera de una institución financiera en el sexenio autobautizado de la “cuarta transformación”.